Con una sólida votación, la Sala de la Cámara aprobó hoy el informe de la comisión mixta que resolvió las discrepancias con el Senado, en torno a los últimos puntos pendientes del Presupuesto 2025 (boletín 17142). Ahora, el texto deberá ser respaldado por el Senado, para concretar el despacho del proyecto desde el Congreso Nacional.
Durante el debate, la mayoría de las y los diputados relevaron el ánimo de acuerdo que imperó en la mayoría de los sectores. Ello, recalcaron, permitió mejorar sustancialmente la propuesta inicial y perfeccionar aspectos como las listas de espera y los servicios locales de educación pública.
En partidos como Renovación Nacional, la UDI y Evópoli se reconoció la voluntad del Gobierno para reducir el gasto público. De igual modo, destacaron el compromiso de adquirir una asesoría internacional para que se evalúe las proyecciones de ingresos y que, conforme a ello, se realicen los ajustes necesarios al gasto. Además, se resaltó el compromiso para recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social.
Desde el oficialismo se valoró la restitución de algunos recursos eliminados o restringidos, como fueron el caso de Sercotec, Senda y la Defensoría Penal Pública. Igualmente, respecto de la restricción que quiso hacer para la compra de tierra a pueblos regionales. O la reintegración de los dineros para el INDH.
Sin embargo, desde este sector se anunció que insistirán ante el Tribunal Constitucional respecto de tres puntos: la discriminación para que estudiantes no puedan acceder a gratuidad en la educación superior por haber sido sancionados por Aula Segura; la prohibición a las terapias de homonización; y lo que se entiende son vulneraciones a la Ley Lafkenche.
En la bancada republicana, en tanto, mantuvieron una postura crítica sobre el proyecto de ley. Criticaron los acuerdos y estimaron, por ejemplo, que debió avanzarse en mayores recortes presupuestarios.
Participaron en este último debate del Presupuesto 2025 Leonidas Romero (IND), Boris Barrera (PC), Jaime Naranjo (IND), Marta González (IND), Johannes Kaiser (IND), Alberto Undurraga (DC), Agustín Romero (PREP), Felipe Donoso (UDI), Camila Rojas (FA), Joanna Pérez (DEM), Carlos Bianchi (IND), Frank Sauerbaum (RN), Luis Sánchez (PREP), Marcela Riquelme (FA), Héctor Barría (DC), Gustavo Benavente (UDI), Miguel Mellado (RN), Sergio Bobadilla (UDI), Fernando Bórquez (UDI), Bernardo Berger (IND), Emilia Nuyado (PS), Francisco Undurraga (Evop), Gloria Naveillan (IND), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Rathgeb (RN). Por el Ejecutivo expuso el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Acuerdos de la mixta por Presupuesto 2025
El informe abordó 18 puntos de discrepancia. Además, se agregaron dos aspectos solicitados por el Ejecutivo, relacionados a Deportes y Justicia.
El texto saliente de la mixta contempla una norma en el articulado relativa a los gastos reservados definidos para el año 2025. Esto obliga, además del control de la Contraloría, a un visado de los/as jefes/as de servicio o de unidades operativas y del ministro o ministra respectiva. Se incluyen acá las subsecretarías del Interior, de Relaciones Exteriores, de Defensa y de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, exige requerimientos de información que permitan corroborar el correcto uso de los dineros.
En este marco regulatorio, también se autoriza a la Dipres a realizar un análisis de las glosas de la Ley de Presupuestos. En dicho estudio se considerarán las referencias constitucionales y la ley de administración financiera del Estado. De esta evaluación se emprenderán recomendaciones de regulación futura en la materia.
En el Poder Judicial se mantuvo la glosa que les impide destinar recursos para la realización de concursos, competencias o procesos que impliquen la evaluación, ponderación o comparación de sentencias judiciales, salvo específicas excepciones.
Interior, Economía, Hacienda, Justicia y OOPP
La partida del Ministerio del Interior vio repuestos los dineros restados a dos programas del Senda. Igualmente, los gastos reservados de la Subsecretaría del Interior. También se reintegraron los dineros reducidos en Sercotec, de la partida de Economía.
Se agrega una norma que permite destinar hasta mil millones de pesos a un programa de apoyo a mipymes afectadas a partir del 18 de octubre de 2019, no beneficiadas por anteriores convocatorias. Este programa podrá contemplar componentes de asistencia técnica, capacitaciones y compra de activos, entre otras opciones esenciales para sus negocios. Además, se obliga a lanzar una convocatoria pública.
En Hacienda, se suprimió una obligación de informar sobre el Fondo de Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo. Dicha materia ya estaría considerada en la partida de Salud.
La partida de Justicia contó con la adición de una disposición que obliga a Gendarmería a informar, en sesión secreta, respecto de los beneficios penitenciarios referentes a la salida de los presos de las regiones pertenecientes a la macrozona sur. Se incluirá en la comunicación la identificación del preso, el delito, el informe favorable y la conformación del Consejo que otorgó el beneficio. La Defensoría Penal Pública, en tanto, repuso sus montos.
Obras Públicas contempló la incorporación de una glosa dirigida a la Dirección de Vialidad, referida a convenios para financiar y ejecutar pasarelas fluviales. Agrega también las consideraciones para tales convenios y proyectos a sustentar.
Salud y otras partidas del Presupuesto 2025
Salud contó con la supresión de una norma que permitía el uso de hasta $200 mil millones para gastos en resolución de lista de espera oncológica GES y no GES. Esto se habría resuelto por medio del protocolo de acuerdo en lo referente a listas de espera.
Mientras que, en Atención Primaria, se promueve facilitar el acceso de los adultos mayores y personas con discapacidad a los recintos de salud. Ahora, en Prestaciones Institucionales, se eliminó una norma que obligaba a los servicios de salud a una atención preferente a chilenos, nacionalizados y extranjeros cuya situación migratoria fuera regular.
En Bienes Nacionales, se repusieron los dineros para el programa de Regularización de títulos de dominio y gestión de la propiedad fiscal asociada a Pueblos Indígenas.
Se suprimió en la Segpres y en la Segegob una norma que definía la calidad de agentes públicos para ciertas contrataciones de personal. Esto, porque ya existe una disposición similar en el articulado. Por otra parte, en la Segegob se entregaron $400 millones a la Secretaría de Comunicaciones.
En Desarrollo Social se eliminó una condicionante para la compra de tierras indígenas. Paralelamente, Deportes sumó $188 millones más garantizar el pago de indemnizaciones, juicios laborales pendientes y completar la rendición de cuentas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2023.
Finalmente, en Tesoro Público se aprobó la creación de una comisión asesora para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Adicionalmente, se obliga al INDH a emitir un informe semestral respecto de las situaciones de violencia rural en la macrozona sur.
