Incrementar la remuneración de los soldados conscriptos es la finalidad del proyecto (boletín 17217) aprobado en forma unánime por la Comisión de Hacienda.
La iniciativa, despachada a la Sala, busca mantener y reforzar la voluntariedad como modalidad preferente en la selección del contingente del servicio militar obligatorio. Además, procura revertir la caída en el número de voluntarios.
Antes de la votación, la ministra de Defensa, Maya Fernández, explicó que la idea de subir el estipendio surgió de mesas de trabajo con integrantes de las comisiones de Defensa de la Cámara y del Senado. En dichas instancias se planteó, de forma transversal, mejorar las condiciones de los conscriptos.
Explicó que no se registra un aumento en la remuneración de los soldados desde 2013. De tal modo, este proyecto significa un incentivo importante en la materia.
Comentó que, para sus fines, se modifica el DFL 1, de 1997, del Ministerio de Defensa, sobre estatuto de personal de las FF.AA. La propuesta pasa por crear una asignación de estímulo al contingente del servicio militar, retribución que no será ni imponible ni tributable.
La autoridad agregó que, en el primer año, la asignación equivaldrá al 50% del sueldo base para el grado 32 de la Escala de Sueldos de las FF.AA. Mientras que, en el segundo año, la asignación equivaldrá al 75% para el grado 31. Dicha retribución no se considerará para el cálculo de la asignación de zona o la gratificación de embarcado o de submarino. Por otra parte, no será objeto de descuento por parte de las instituciones.
Alcance de la asignación para conscriptos
Maya Fernández detalló que, en el primer año, se aumentará de 124 mil a 218 mil pesos, aproximadamente. Ahora, con máxima asignación de zona, el monto ascenderá de 280 mil a 374 mil pesos. El segundo año, en tanto, se pasará de 131 mil a 230 mil pesos. Con máxima asignación de zona, será de 295 mil a 394 mil pesos.
El incentivo se financiará con recursos de la partida de las FF.AA., del erario para 2025, en el primer año. Lo que falte, se aportará con recursos provenientes del Tesoro Público. Posteriormente, el ítem se contemplará específicamente en cada ley de presupuestos.
Finalmente, la ministra dijo que han buscado otros incentivos de apoyo a los jóvenes, como establecer convenios con los Centro de Formación Técnica regionales. Además, se consideran exámenes médicos y de altura, para quienes se desempeñen en el norte del país.
Votación y debate
En la ocasión, el diputado Agustín Romero (PREP) presentó una indicación que declaraba inembargable dicho beneficio, para proteger los recursos de los conscriptos. Sin embargo, la propuesta se rechazó por 5 votos a favor, 6 en contra y una abstención.
En forma transversal, las y los diputados valoraron avanzar en mejores condiciones para los jóvenes. Jaime Naranjo (Ind.) llamó a estudiar beneficios adicionales, como transporte público gratuito para los soldados. Asimismo, manifestó la inquietud por el bajo interés de los jóvenes en hacer el servicio. Al respecto, planteó la idea de modificarlo y abrirlo a áreas de voluntariado.
En tanto, Felipe Donoso (UDI) agradeció la suma urgencia al proyecto, pero consideró que el ideal era alcanzar el sueldo mínimo para los conscriptos.
Igualmente, se consultó sobre el número de conscriptos y cómo aumentar la participación de las y los jóvenes. Sobre el punto, la ministra Fernández dijo que las cifras, desde 2022 a la fecha, han aumentado.
Sobre otros beneficios, mencionó que se considera en la Ley de Presupuestos 2025, 200 millones de pesos para el traslado de los voluntarios.
Persona ausente por desaparición forzada
En un segundo punto, la Comisión de Hacienda despachó a la Sala el proyecto que introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial (boletín 15338).
Sobre el tema, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, detalló que el proyecto innova en la materia. La idea es que los familiares de DD.DD. puedan sacar documentos administrativos y se pueda actualizar el registro electoral, para que no sufran una doble victimización.
Por otra parte, dijo que se crea un registro a cargo del Servicio de Identificación y Registro Civil que administrará la nómina de personas que fueron víctimas de alguna forma de privación por agentes del Estado, o bien, personas o grupos que hayan actuado con autorización y aquiescencia estatal, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Ello, en el período de la dictadura militar.
Dicho registro considerará la información de instrumentos del Estado, como informes de comisiones de verdad y reconciliación y otras creadas por ley, o producto de sentencias judiciales.
La propuesta considera $181 millones para implementar el registro y $11 millones, en régimen.
El proyecto se aprobó por mayoría en varias votaciones. Por otro lado, se rechazaron dos indicaciones. La primera, presentada por Miguel Mellado (RN) que señalaba que, en caso alguno, la calificación de ausente generará una compensación económica. La segunda, planteada por Felipe Donoso (UDI), establecía que el Registro Civil remitiera dicha información al Servicio Electoral para retirar dichos nombres del registro electoral.
Finalmente, el diputado Ricardo Cifuentes (DC) y otros parlamentarios pidieron el Ejecutivo modificar la norma, en el sentido de incluir a víctimas de desaparición forzada en democracia. El punto fue acogido por el ministro.
Cabe mencionar que la iniciativa se originó en una moción de la diputada Lorena Pizarro (PC). Sin embargo, fue objeto de una indicación sustitutiva del Gobierno.
