Probidad y seguridad pública en los proyectos abordados por la Sala esta semana

Entre los proyectos aprobados está una inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad y para impedir el uso de instrumentos aptos para interferir, interceptar o interrumpir señales de telecomunicaciones.

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Lámina resumen

Las áreas de probidad y de seguridad pública fueron parte de los ámbitos abordados por los proyectos de ley que tramitó esta semana la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados en las tres sesiones desarrolladas.

El lunes 18, la Corporación aprobó, en general y por unanimidad, la reforma constitucional que establece la inhabilidad de acceso y causal de cesación en cargos públicos para quienes hayan cometido delitos contra la probidad (boletín 16893). Aunque, por ser objeto de indicaciones, volvió a su comisión técnica para un nuevo informe.

Específicamente apunta a condenados por delitos que atenten contra la probidad administrativa, en sus distintas proyecciones. También respecto de la imparcialidad en el ejercicio de la función pública; así como aquellos delitos que afectan los aspectos patrimoniales de la función.

En este día, la Sala también respaldó las enmiendas del Senado al proyecto (boletín 16598) que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de inhibidores de señal de telecomunicaciones. Por efecto de ello, la iniciativa pasó al Ejecutivo, a fase de promulgación.

La idea de esta propuesta es impedir el uso de instrumentos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal de telecomunicaciones.

Quedan exceptuados de la prohibición las policías, las FF.AA. y Gendarmería de Chile. Asimismo, las agencias nacionales de Inteligencia y de Ciberseguridad, la Presidencia de la República y las carteras del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional. Se suman al listado las empresas autónomas del Estado (y sus dependientes), que formen parte de la industria de la defensa. Cierran las excepciones los servicios nacionales de Reinserción Social y de Menores y una sociedad que se adjudique la concesión de un recinto penitenciario.

Martes 19

La Cámara aprobó el martes de esta semana, en general, el proyecto (boletines 12822, 14621, 15733 y 16733) que agrava las sanciones por actos de zoofilia. Sin embargo, tras ser objeto de indicaciones, el texto pasará a un nuevo trámite en su comisión técnica.

En lo principal, consiste en regular y sancionar, en forma calificada, los casos de maltrato animal en que se incurra en bestialidad o zoofilia. De tal forma, se define que será circunstancia agravante cometer el delito de maltrato animal previsto en el artículo 291 del Código Penal, mediante actos de bestialidad.

El proyecto indica que, para dichos efectos, se entenderá por actos de bestialidad la realización de cualquier acto de connotación sexual que afecte los genitales, ano o cavidad bucal del animal. Exceptúa de esta situación aquello que sea realizado con fines legítimos. Como ejemplos se citan procedimientos veterinarios, científicos o reproductivos.

Miércoles de esta semana 

En la sesión del miércoles 20, la Cámara apoyó un proyecto (boletín 16839) que busca resguardar que la destinación y ejecución de los recursos provenientes del royalty minero (Ley 21.591) que reciben los municipios sea de la forma más transparente posible.

Para ello, el texto obliga a incluir en la cuenta anual de las y los alcaldes la rendición del uso y destinación de dichos. Además, se deberá comunicar sobre la ejecución de estos en los proyectos y programas donde se hubiesen destinado. Pasó a segundo trámite.

Por último, se aprobó el informe de la comisión investigadora sobre servicio militar (CEI 54 y 55). Este análisis tuvo un foco especial en el caso de los ejercicios militares realizados en la comuna de Putre, del 27 de abril de 2024. En ellos se tuvo como lamentable resultado la muerte del conscripto Franco Vargas.

Entre sus observaciones se sostiene que el Estado de Chile tiene responsabilidad política respecto a sus actuaciones en el resguardo de quienes realizan el servicio militar. También, que hubo vulneración de los derechos de los conscriptos en este caso. Sin embargo, la principal queja se dirige a los mandos que tenían a su resguardo a los conscriptos de la Brigada N°24 Huamachuco.

El informe también observó inconsistencias en las versiones entregadas por el Ejército, entre otras conclusiones y propuestas.