Evitar que se afecte el patrimonio de funcionarios o exfuncionarios municipales que recibieron recursos calculados erróneamente por sus respectivos empleadores, disponiéndose al efecto la condonación de la deuda originada en dichos pagos en exceso, es el objetivo del proyecto (boletín 16620) aprobado por la Sala de la Cámara y enviado a segundo trámite.
El texto, impulsado por el Ejecutivo, se revisó de acuerdo al informe de la Comisión de Gobierno Interior, que rindió la diputada Camila Musante (IND). En él se explica que, por un error de interpretación, algunos funcionarios recibieron una remuneración mayor por efecto del cálculo aplicado al incremento previsional que se verificó al momento de hacerse efectiva la nueva ley previsional. Así, en vez de aplicárseles el cálculo respecto del sueldo base, se les imputó sobre el sueldo bruto.
La Contraloría, en 2009, tras precisar el punto y señalar la forma en que las municipalidades debían proceder, ordenó la devolución de las sumas mal pagadas. Ello generó demandas y persecuciones penales respecto de las y los funcionarios involucrados, pese a ser una situación que ellos no propiciaron.
Así, el presente proyecto condona dichos pagos en exceso no restituidos hasta el 31 de diciembre de 2023. Además, declara, para todos los efectos legales, correctamente pagadas las cantidades en exceso y que se condonan desde el momento de los respectivos pagos.
Asimismo, de ser procedente, ordena que los organismos correspondientes den término a los procesos pendientes que se hayan originado en este marco.
Por último, dispone que “los montos percibidos por los funcionarios o exfuncionarios municipales que hayan sido restituidos a las respectivas entidades edilicias con motivo de pagos de remuneraciones en exceso debido al incremento previsional no darán acción para pedir la restitución de lo pagado a las municipalidades, ni otorgan derecho a compensación alguna”.
En el debate expusieron Bernardo Berger (IND), Catalina Pérez (FA), Joanna Pérez (DEM), Carolina Tello (FA), Cristián Tapia (IND), Andrés Celis (RN), Miguel Ángel Becker (RN), Cristián Araya (PREP), Alberto Undurraga (DC), Raúl Leiva (PS), Johannes Kaiser (IND), Leonardo Soto (PS), Ximena Ossandón (RN), Claudia Mix (FA) y Leonidas Romero (IND).
Estado de excepción
Adicionalmente al tema de los funcionarios municipales, la Sala aprobó una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. La medida rige para la región de La Araucanía y las provincias de Arauco y del Biobío, de la región del Biobío.
La medida, aplicada desde mayo de 2022, se extenderá por otros 30 días después de vencer el decreto vigente, el próximo 1 de noviembre.
Entre los antecedentes aportados se comunicó que, desde el 18 de mayo de 2022 hasta el 15 de octubre de 2024, Carabineros reporta 538.386 controles. Simultáneamente, se ha concretado la detención de 1.176 personas en el contexto de servicios por el estado de excepción. De ellas, 15 fueron detenidas entre el 02 y el 15 de octubre.
Finalmente, entre otros datos, se comunicó que los eventos de violencia rural bajaron un 47% al 13 de octubre. Esto, medido respecto al mismo periodo del 2023. La cifra llega a un descenso del 70% si se le compara con 2021.
Al momento de las votaciones, la extensión del estado de excepción se aprobó por 99 votos a favor, 25 en contra y 9 abstenciones. El proyecto relativo a los funcionarios municipales, en tanto, se respaldó, en general y en particular, por 99 votos a favor, 1 en contra y 32 abstenciones.
