Por la unanimidad de 111 votos, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó un proyecto (boletín 16986) que modifica el Código Orgánico de Tribunales. La iniciativa aborda el tema de la jurisdicción extraterritorial, en caso de delitos de cohecho.
El texto incluye en la norma actual a las personas jurídicas constituidas o domiciliadas en Chile, dentro de los supuestos de la referida jurisdicción. La idea es que puedan ser juzgadas por cohecho de funcionarios públicos extranjeros, incluso cuando el delito haya sido cometido fuera del territorio nacional. Se extiende, así, la jurisdicción extraterritorial de los tribunales chilenos.
Con esta modificación, el proyecto, que busca llenar un vacío legal, actualiza la legislación y cumple con las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE.
En sus fundamentos, la iniciativa, derivada al Senado, señala que esta modificación resulta necesaria para asegurar la coherencia del sistema jurídico chileno, con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción.
Antecedentes
El proyecto en trámite sostiene que el Estado chileno ha demostrado su compromiso para la erradicación de toda forma de corrupción. Destaca la voluntad expresa de seguir las obligaciones establecidas en la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros, en Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.
Cabe agregar que, desde el año 2009, la normativa chilena establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en delitos como soborno, cohecho a funcionario público extranjero, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En 2018, se amplió este catálogo para incluir los delitos de negociación incompatible, corrupción entre particulares, receptación, apropiación y distracción indebidas, y administración desleal.
