En la presente semana de septiembre, la Sala de la Cámara despachó a fase de promulgación tres nuevas leyes. Estas se focalizaron en los ámbitos de la construcción de viviendas, educación superior y cumplimiento de la ley tributaria.
Las dos primeras propuestas se abordaron en la sesión del lunes 23. La relacionada a proyectos habitacionales busca facilitar su concreción. Para ello, el proyecto (boletín 15534) modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones. En concreto, avanza simplificando y agilizando los procedimientos administrativos, desde la etapa de anteproyecto, hasta la respectiva inscripción de las unidades a nombre de sus propietarios.
Surgió de una moción presentada en la Cámara y, en esta semana, se analizó sobre la base de los cambios propuestos por el Senado, los cuales se aprobaron. Con esto, la iniciativa quedó en posibilidad de pasar a fase de promulgación como ley.
La segunda de las nuevas leyes también se revisó en tercer trámite y pasó a fase de promulgación, tras la aprobación de las enmiendas del Senado.
Específicamente, el texto (boletín 15831) prohíbe que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias contraídas con las instituciones de educación superior. Para ello, se califica como infracción grave el condicionar la rendición de exámenes a deudas de arancel. Aplica para exámenes de grado o titulación.
Finalmente, la tercera de las nuevas leyes se aprobó en la sesión del miércoles 25. Como en los dos caros anteriores, se trató de un proyecto en tercer trámite cuyas normas se aprobaron en su totalidad, posibilitando su envío al Ejecutivo.
La iniciativa (boletín 16621) se propone reducir el porcentaje de no cumplimiento tributario e incrementar por esa vía la recaudación fiscal.
Se enmarca en el Plan de Pacto Fiscal y sus ejes se pueden resumir en: modernización de la administración tributaria; control de la informalidad; delitos tributarios; planificación tributaria agresiva; y nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente. También se contemplan la regularización de obligaciones tributarias y el fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Con los nuevos recursos se espera financiar, principalmente, dos materias:
- Alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, con un incremento de la cobertura de 166 mil personas hacia el año 2030.
- Gasto destinado a fortalecer la seguridad pública (aumento de la inversión en un 40% respecto de 2022).
Otros proyectos y materias abordados por la Sala
El lunes, la Sala conoció de la presentación de tres acusaciones constitucionales dirigidas en contra de ministros de la Corte Suprema. En todos los casos, la causal adjudicada es por “notable abandono de deberes”.
En particular, los libelos se dirigen a:
- Ángela Vivanco Martínez y Sergio Muñoz Gajardo. La presentaron diputadas y diputados de las bancadas de Renovación Nacional, UDI y Evópoli.
- Jean Pierre Matus Acuña. La firman legisladores de los comités DC, PPD, PS, FA, PC-FRVS-PAH y Mixto Radical Liberal.
- Ángela Vivanco. La presentó el mismo grupo anterior.
Tras darse cuenta, se pasó a conformar las comisiones respectivas que analizarán su admisibilidad. Además, en ese momento, comenzó a regir el plazo de tres días para que la Cámara notifique, personalmente o por cédula, a la ministra y a los ministros acusados. Estos, una vez notificados, tendrán diez días de plazo para concurrir ante la comisión encargada de la acusación para responder el libelo. Ello podrá realizarse en forma personal o por escrito.
Posteriormente, cada comisión especial tendrá seis días para estudiar la respectiva acusación constitucional y pronunciarse sobre ella. Luego, dicha recomendación se revisará en la Sala de la Cámara y se procederá a votar la admisibilidad de cada una.
Cabe precisar que cada acusación presentada es independiente de las demás y no pueden ser agrupadas. Por tanto, a cada una de ellas se aplica el respectivo procedimiento establecido en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
El martes, la Corporación aprobó, en general y en particular, un proyecto (boletines 15610 y 16041) que modifica la Ley 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores.
A través de esta normativa, que pasó al Senado, se espera resguardar a los consumidores de las llamadas publicitarias de los proveedores acerca de las cuales no han manifestado su consentimiento en recibirlas. Asimismo, hacer identificable estas comunicaciones, así como las de cobranzas extrajudiciales.
El miércoles 25, se respaldó una nueva extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur (ver nota cumplimiento tributario). La prórroga de 30 días regirá a contar del vencimiento del decreto vigente, el próximo 3 de octubre.
Por último, en este mismo día, la Sala rechazó una reforma constitucional que se originó en mociones refundidas (boletines 16215, 16217, 16246, 16247 y 16303). Buscaba incorporar a los gobernadores regionales como autoridades susceptibles de acusación constitucional. Adicionalmente, agregaba una nueva causal de procedencia a su respecto.
La norma requería para su aprobación del voto favorable de los 4/7 de los legisladores en ejercicio (89 votos favorables como mínimo). No obstante, solo obtuvo 83 votos a favor, 35 en contra y 22 abstenciones. Ante esto, el texto pasó a archivo y la materia no puede volver a ser discutida dentro del plazo de un año.
