240 mil millones de pesos defraudados al fisco entre 2016 y 2023, equivalentes a 40 Cesfam, más de nueve mil patrullas de carabineros, dos cárceles de alta seguridad y cerca de seis mil casas. Ese es el impacto del denominado “mayor fraude tributario de la historia de Chile” que analizó una comisión investigadora de la Cámara (CEI 46) y cuyo informe aprobó la Sala por la unanimidad de los presentes.
El informe lo rindió quien fuera presidenta del grupo parlamentario, diputada Camila Musante (IND). En él se relata que la operación contó con más de 100 mil facturas ideológicamente falsas y la creación de más de 100 empresas “fantasmas”, que involucró a más de 300 contribuyentes y, al menos, siete clanes criminales.
Según se expone, el sistema de investigación y persecución de delitos tributarios presenta deficiencias. Una de ellas implica que el Ministerio Público, aun cuando tenga conocimiento de un delito, no puede investigarlo sin una querella del Servicio de Impuestos Internos. Por ello, se estima fundamental otorgar al Ministerio Público la facultad de iniciar investigaciones penales para combatir el fraude tributario.
El informe también llama a fortalecer los mecanismos de fiscalización y prevenir la recurrencia de fraudes similares en el futuro. En tal plano, se considera que la colaboración entre el SII y la Fiscalía será crucial para asegurar la integridad del sistema tributario chileno y la confianza pública.
Otras propuestas
También se pide revisar y actualizar los procesos de auditoría y fiscalización, con la incorporación de tecnologías avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático, que permitan identificar patrones sospechosos y anomalías con mayor precisión y en tiempo real.
Asimismo, se pide fortalecer la capacitación continua de los funcionarios del SII para la detección de fraudes. Junto a ello, se propone la creación de un sistema de alertas tempranas que sea transparente y accesible, tanto para los funcionarios del SII como para otras entidades fiscalizadoras. “Este sistema debería estar basado en indicadores de riesgo específicos y ser capaz de generar reportes automáticos que faciliten la intervención oportuna”, agrega el texto.
Paralelamente, se considera esencial promover una cultura de ética y transparencia dentro del SII Para esto se llama a reforzar los mecanismos de control interno y las auditorías independientes. También implementar un código de conducta estricto y la promoción de canales de denuncia anónima, de modo de minimizar los espacios de discrecionalidad y fomentar la confianza pública en la institución.
De igual modo, se debe mejorar la colaboración interinstitucional, tanto a nivel nacional como internacional.
Otra propuesta plantea avanzar en la Ley de Inteligencia Económica impulsada por el Ministerio de Hacienda. Con esta ley se espera un incremento en la capacidad del SII para monitorear y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Esto permitirá la detección temprana de actividades fraudulentas y la toma de decisiones más informadas y oportunas para intervenir en casos sospechosos.
En la discusión participaron Camila Musante, Camila Rojas y Boris Barrera, quienes relevaron datos aportados por la investigación y que llamaron a aplicar los cambios al sistema propuestos por la comisión.
