La comisión encargada de fiscalizar los actos del Gobierno relacionados con los hechos ocurridos en la marcha del Ejército, del 27 de abril en Putre (CEI 54,55), donde murió el conscripto Franco Vargas, recibió a Daniela Quintanilla, subsecretaria de Derechos Humanos.
El propósito de su participación en la instancia era explicar la posibilidad de crear un programa de acompañamiento e indemnización para las víctimas. Frente a esto, la autoridad partió valorando que el caso haya quedado en manos de la justicia civil. Esto, porque permite avanzar en la dimensión procesal de la reparación integral acorde a los estándares internacionales.
En cuanto a la dimensión sustantiva, esta hace referencia a la necesidad de promover la reparación de las violaciones a los DD.HH. de acuerdo a las necesidades de las víctimas. Por eso, debe evaluarse caso a caso, sostuvo.
Reparación a víctimas de Putre
En cuánto a las medidas de reparación que puede adoptar el Estado, la aurtoridad señaló que existen las estructurales o de garantías de no repetición. Además, las medidas de satisfacción vinculadas al restablecimiento de la dignidad y honra de las víctimas de verdad y justicia, restitución, compensación y rehabilitación.
Para este caso, explicó que una vez que sean acreditadas las violaciones a los DD.HH., el Estado tiene la obligación de reparar integralmente a las víctimas. Frente a esto, planteó a la comisión la necesidad de que exista un sistema de reparación integral y permanente para víctimas de violaciones de DD.HH.
Finalmente, destacó la importancia de comprender que la reparación a las víctimas excede el ámbito de las indemnizaciones de perjuicios. Y destacó que uno de los aspectos fundamentales en los procesos de reparación es la participación activa de las víctimas y sus familias.
Otros acuerdos e intervenciones
Tras la exposición de la subsecretaria, las y los diputados manifestaron su inquietud sobre cómo se ha aplicado el protocolo de Minnesota en el país. Específicamente, entre quienes se encuentran bajo la tutela del Ejército. Por esto, la comisión acordó -por unanimidad- solicitar a la Subsecretaría de DD.HH. antecedentes sobre su aplicación entre quienes fallecieron bajo su custodia desde 2005 a la fecha.
En tanto, en la instancia también intervino el subsecretario para las Fuerzas Armadas (FF.AA.), Galo Eidelstein. En su exposición se refirió a la salud de los conscriptos Byron Alarcón y Lucas Gamboa, quienes resultaron afectados tras la misma marcha de entrenamiento que terminó en la muerte de Franco Vargas en Putre.
La autoridad señaló que los dos jóvenes ya se encuentran de regreso en sus hogares. En el caso de Byron, el Ejército hizo arreglos en la arquitectura de su hogar “para que pueda vivir de una manera relativamente normal”. En tanto, Lucas vive en una casa del Ejército que está cerca de los centros donde debe ir a controles médicos varias veces a la semana.
Sobre la mesa de trabajo implementada tras los hechos, señaló que el informe ya se terminó, pero aún no ha sido presentado al Presidente de la República. Por lo tanto, no es posible aun ahondar en su contenido. Sin embargo, adelantó que ya se está trabajando en comenzar a implementar las medidas a la brevedad.
Entre estas se encuentra la realización de mayores exámenes médicos para los conscriptos en todo el país y algunos específicos a los que están en territorios en altura. Tras dichos resultados, muchos conscriptos salieron como no aptos para hacer el servicio militar, por lo que tuvieron que regresar a sus hogares.
