La Sala aprobó -por unanimidad- el proyecto que aumenta los casos para aplicar la penalidad por el ingreso de elementos prohibidos a los recintos penitenciarios. En particular, apunta a los denominados “pelotazos”, que son lanzamientos efectuados desde el exterior de los recintos.
La iniciativa corresponde a dos boletines refundidos: el 16984, que corresponde a un mensaje; y el 16569, que es una moción del diputado Miguel Mellado (RN) y que también la firman Jorge Alessandri (UDI), Jaime Araya (PPD), José Miguel Castro (RN), Camila Flores (RN), Andrés Jouannet (AMA), Andrés Longton (RN), Jorge Rathgeb (RN) y Diego Schalper (RN).
Para sus fines, el texto modifica el artículo 304 bis del Código Penal. Dicha norma, incorporada por la Ley 21.494, sanciona el ingreso de dispositivos o elementos de telecomunicaciones, como celulares. El objetivo es ampliar el concepto a otros elementos que pudiesen representar un riesgo para las personas o condiciones de seguridad al interior de los recintos penitenciarios.
En esa línea, se aplica la sanción de pena de presidio menor en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años y un día) “a quienes ingresen, intenten o permitan ingresar elementos prohibidos cuya tenencia o uso ponga en riesgo la seguridad del recinto, la vida, salud o integridad de quienes se encuentran en su interior, a menos que el hecho sea constitutivo de un delito distinto de mayor gravedad”.
Además, se presumirá que el objeto es riesgoso si la conducta se realiza o intenta mediante el lanzamiento desde el exterior. Pero, al mismo tiempo, en ningún caso se podrá fundar una condena en esta sola presunción.
Apoyo a Gendarmería
Ambos proyectos buscaron hacerse cargo de esta práctica de alta prevalencia, como son los pelotazos, y que ponen en permanente riesgo la seguridad de las cárceles.
El informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana lo entregó a la Sala el diputado Henry Leal (UDI).
En el apoyo transversal y unánime al proyecto, se destacó la preocupación por el ingreso de drogas, armas y/o celulares, que permiten que el crimen y la delincuencia siga operando desde el interior de las cárceles.
Pero, en ese sentido, también se plantearon una serie de críticas al tema penitenciario en general.
Así, por ejemplo, se planteó que hay que cuestionar en qué se han convertido las cárceles y cuál es el rol que cumplen. Esto, porque, hoy, no se estaría logrando las sanciones penales efectivas y tampoco la reinserción social.
Por el contrario, las cárceles serían lugares donde se perfecciona y se sigue organizando el sistema criminal.
Por esta razón, en los discursos también se relevó la necesidad de un mayor apoyo y atribuciones para el personal de Gendarmería. Se recalcó que hoy carecen de los mínimos elementos para poder controlar a la población penal.
Finalmente, hubo voces críticas sobre la efectividad de este proyecto. Algunos consideraron que será letra muerta si no se abordan otras causales como el control perimetral de las cárceles. Especialmente, se añadió, considerando que muchos recintos están emplazados en el centro de las ciudades.
Intervinieron los diputados Hernán Palma (IND), Cristián Araya (PREP), Jorge Saffirio (DEM), Daniel Lilayu (UDI), Daniela Serrano (PC), Jorge Guzmán (Evópoli), Consuelo Veloso (FA), Marlene Pérez (IND), Miguel Mellado (RN), Karol Cariola (PC), Gustavo Benavente (UDI), Leonardo Soto (PS), Andrés Jouannet (AMA), Marcos Ilabaca (PS), Maite Orsini (FA), Carlos Bianchi (IND), Ximena Ossandón (RN), Ricardo Cifuentes (DC), Juan Carlos Beltrán (RN), Marta González (IND) y Marcela Riquelme (FA).
