A partir del proyecto de ley presentado por el gobierno para fijar una plazo máximo para que los proveedores de servicios de internet y telecomunicaciones (Telco) entreguen registros de llamadas y otros antecedentes de tráfico en determinados delitos cuya investigación requiere celeridad (boletín 16.974), la Comisión de Constitución recibió a la ministra del Interior, Carolina Tohá, y a representantes del Ministerio Público.
La secretaria de Estado explicó el contenido de la norma, que modifica el artículo 218 ter del Código Procesal Penal.
En primer término, establece un máximo de 24 horas para el plazo judicial que se deberá fijar para que los proveedores de servicios entreguen al Ministerio Público los registros de tráfico de llamadas telefónicas, de envío de correspondencia o de tráfico de datos en internet de sus abonados.
El mismo plazo se fija para la entrega de los datos de suscriptor que tales proveedores posean sobre sus abonados, así como la información referente a las direcciones IP utilizadas por estos para facilitar su identificación, cuyo requerimiento no necesita autorización judicial.
Y circunscribe la aplicación de este plazo a las investigaciones por hechos relacionados a la participación de una asociación delictiva o criminal o que sean constitutivos de los delitos de secuestro, sustracción de menores o incendio.
La ministra acotó en la comisión que, por la vía de indicaciones, además consideran incluir los delitos de carácter terrorista.
La ministra Tohá señaló que esta propuesta se basa en que hoy existen mecanismos informales de coordinación con las empresas de telecomunicaciones (Telco) que sería mejor respaldar por la vía legal. Además, que en ciertas investigaciones de delitos graves la respuesta de las empresas “no ha sido todo lo pronta que se necesitaba”.
Fiscalía Nacional
Sobre el punto, Ignacio Castillo, director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público, aseguró que como institución valoran el proyecto para resolver un problema práctico como señaló la ministra.
Explicó que desde el 2011 existe un protocolo que centralizó las solicitudes de interceptaciones telefónicas, tráfico de datos y de llamadas y georreferenciación con las citadas empresas, de carácter urgente, a través de la unidad a su cargo.
Pero, planteó observaciones al proyecto en trámite. Así, por ejemplo, planteó que el catálogo de delitos propuesto por el Ejecutivo, a la luz de la experiencia del Ministerio Público, es insuficiente y más restrictivo que el actual protocolo, que tiene incorporados otros crímenes como homicidos o la ley de control de drogas.
Asimismo, señaló que este proyecto puede ser la oportunidad de añadir en el citado artículo 218, la entrega de todo el contenido asociado a la localización o georreferenciación del tráfico de voz y datos.
Indicó que fijar una plazo específico podría generar algunas dificultades. Primero porque hay pequeñas empresas que no tienen un servicio de atención 24/7 y hoy las solicitudes se realizan por correo electrónico y no se responden con la urgencia que se esperaría.
Pero, al mismo tiempo, aquellas empresas que hoy entregan la información en un lapso de incluso minutos en casos urgentes, está el riesgo que podrían ampararse en la ley para tomarse el plazo máximo, lo cual podría afectar el éxito de ciertas investigaciones.
En esa línea, Castillo planteó que más que un plazo para entregar, se establezca la obligación a las empresas de tener un sistema de atención de estos requerimientos 24/7.
Información en línea
Las y los diputados, en general manifestaron una posición favorable al texto, pero recogieron las observaciones realizadas por el Ministerio Público.
En ese sentido, por ejemplo, el diputado Jorge Alessandri (UDI) señaló que el proyecto en materia tecnológica está atrasado y que en lugar de plazos máximos hay que pedir a las empresas tener la información en línea y siempre disponible para la consulta. Añadió que eso hará subir los estándares de la industria.
La diputada Javiera Morales (FA), por su parte, pidió aclarar cuáles son las sanciones y si estas son eficientes o efectivas cuando hay incumplimiento en la entrega oportuna.
También se hicieron consultas sobre qué pasa con los teléfonos de prepago, empresas que funcionan con IP generales que no permite identificar al usuario específico y cuáles son las cifras de demora que justifican la presentación de este proyecto.
