Por cinco votos a favor y dos contra se aprobó el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre Inteligencia y Crimen Organizado en el país.
La instancia en líneas generales generó un consenso amplio, aunque existieron divergencias en torno a la responsabilidad o no del Gobierno en estas materias.
El texto -que será informado por el diputado Miguel Ángel Becker (RN)- da cuenta de una serie de factores que provocaron la crisis de seguridad. Entre ellas, destaca la migración irregular que ha sufrido el país en los últimos años.
Además, se da cuenta de una serie de temas relacionados con el crimen organizado, con mención al secuestro y homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda.
Responsabilidad del Gobierno
En lo que respecta al Gobierno, el informe señala que tiene responsabilidades en torno a la crisis actual lo que se ha observado en una falta de coordinación importante.
Además, se criticó la puesta en práctica de un acuerdo de colaboración con Venezuela, considerando que dicho Gobierno no ha mostrado voluntad de dar solución a distintos problemas.
Igualmente, se destaca el escaso control de las fronteras en el país y su constante violación por parte de grupos criminales y otros.
Ese tipo de situaciones ha creado una sensación de impunidad en cuanto al crimen en general, lo que ha generado un daño profundo en la vida y seguridad de las y los chilenos, concluye el texto.
Combate al crimen organizado
Algunas de las recomendaciones que contiene el informe instan a mejorar el resguardo de las fronteras terrestres del país, estableciendo puntos de vigilancia por parte de las Fuerzas Armadas.
Además, se plantea refundar la Agencia Nacional de Inteligencia, dada la incapacidad que tiene el organismo de coordinar y prealertar situaciones como el citado crimen del teniente Ojeda.
Así también, reforzar las unidades investigativas con foco exclusivo en el crimen organizado del Ministerio Público, de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, con mayores recursos financieros y humanos.
En las recomendaciones se propone darle discusión inmediata al despacho de tres proyectos de ley que atacan aspectos esenciales de esta crisis como son:
- sancionar penalmente el ingreso clandestino al territorio nacional,
- modificar el tratamiento penal de las figuras de homicidio, y
- fortalecer la respuesta del Estado respecto de crímenes graves cometidos por adolescentes.
