Por 132 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó los actos del Gobierno frente a la alerta sanitaria por el brote de bacteria burkholderia en insumos médicos (CEI 44).
De acuerdo a la cronología de los hechos descrita en el documento, en enero de 2023, el Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó la identificación de la bacteria en productos farmacéuticos. Específicamente, se la halló en ampollas de 20ml de Cloruro de sodio 0.9%, del laboratorio Sanderson S.A. Frente a esto, se instruyó la suspensión de la producción y cuarentena de medicamentos para esta empresa.
Una situación similar se presentó en 2022, respecto del Laboratorio Difem. La empresa era proveedora de productos farmacéuticos usados en quirófanos y cuidados intensivos de hospitales y clínicas. Por esta razón, se instruyó la suspensión de su registro sanitario y, aunque solicitaron levantar la restricción, ésta aún no se materializa.
El texto cuestiona que, si bien en este caso se tomaron medidas sanitarias, los encuentros y la fundamentación de éstas no tienen un registro. De hecho, se acota, sólo con los hallazgos de 2023, en el laboratorio Sanderson, se oficializó la “comisión de Brote”.
Esta situación afectó a 645 personas, de acuerdo a cifras confirmadas por el Ministerio de Salud. De ellas, 80 fallecieron dentro del marco global y 31 directamente por la bacteria.
Conclusiones tras investigación del brote
A la sesión concurrieron diferentes autoridades del ISP, así como también representantes de las asociaciones de trabajadores de la salud. Además, participaron autoridades del Ministerio de Salud, químicos farmacéuticos y representantes del Colegio Médico, entre otros.
Dentro de las conclusiones establecidas tras la recolección de antecedentes sobre el brote, el informe señala que existen dos aristas a analizar. La primera, vinculada a la afectación a la vida y salud de las personas intoxicadas. Y es que, en algunos casos, ni siquiera fueron informados que el origen de su afectación se debía a una bacteria.
Frente a aquello, en el informe se plantea que existió descoordinación y falta de transparencia en el actuar de las autoridades. Empero, se reconoce que ello se ha tratado de corregir con la oficialización de la “comisión de Brote”.
La segunda arista tiene relación con la problemática que se genera al existir laboratorios que son proveedores únicos de determinados insumos.
Sobre el punto, la instancia recomendó, entre otras medidas, modificar la normativa vigente de la Cenabast. Esto, para que la entidad pueda comprar de forma directa -independiente de si existe una alerta sanitaria o no- a más de un proveedor. De esta forma, se termina con la imposibilidad establecida en la regulación de compras públicas y se corre menos riesgos de stock de los insumos clínicos.
Además, la comisión propuso impulsar la creación de una Dirección Nacional de Gestión Farmacéutica para mejorar la gestión entre cada uno de los departamentos de la Subsecretaría de Salud Pública.
Paralelamente, se sugirió que el Estado no realice contratos de prestación de servicios con empresas condenadas por colusión u otro tipo de delitos económicos. Junto a esto, se recomendó establecer una coordinación con la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para fiscalizar a laboratorios extranjeros y prevenir la falta de stock de insumos.
