Tras tres meses de trabajo, la Comisión Investigadora del Incendio en la región de Valparaíso en febrero de 2024, concluyó la discusión y votación de su informe, conclusiones y propuestas.
En este se determinó graves negligencias por parte de Conaf y errores en la gestión de Senapred, la delegación presidencial regional y algunos municipios.
La instancia (CEI 47,48,49 y 51), tuvo como mandato fiscalizar los actos de diversos organismos, servicios públicos y la delegación presidencial de Valparaíso, entre los años 2023 y 2024, sobre las instrucciones impartidas y recomendaciones efectuadas para la elaboración de planes comunales de emergencia y evacuación, así como de prevención y combate de incendios forestales y su cumplimiento oportuno por parte de las municipalidades, especialmente durante la catástrofe acontecida en el mes de febrero.
Tras la última sesión, el presidente de la instancia, diputado Tomás Lagomarsino (IND) destacó que se recibieron más de 90 invitados, incluidas autoridades, expertos y personas damnificadas.
Negligencia de Conaf
El parlamentario destacó que en el informe se deja consignado que hubo negligencias graves e inexcusables por parte de la Corporación Nacional Forestal, en la preparación, planificación y operatividad del combate del incendio forestal (ver nota relacionada).
Incluso, sostuvo que estos podrían constituir delitos.
Asimismo, que hubo un amplio margen de errores en el manejo y gestión de esta emergencia por parte de otros organismos como Senapred, la delegación presidencial regional y algunos municipios, pero que no están al mismo nivel de gravedad que lo referido a Conaf.
En la misma línea, el diputado Diego Ibañez (FA) afirmó que hay claras imputaciones que quedaron constatadas de irregularidades y negligencias por parte de Conaf, ante la falta de servicio que fue demostrada. Y, de Senapred, que calificó como de “incompetencia brutal” y se debe hacer el ejercicio de cobrar las responsabilidades políticas más allá de lo que hizo el gobierno al remover al ex director nacional.
Falta de coordinación
Por su parte, el diputado Luis Sánchez (PREP) también destacó como una de las principales conclusiones que “no existió una coordinación adecuada ni un trabajo bien hecho por parte de los distintos organismos del Estado y de los organismos municipales, también”. Eso, añadió, repercutió en 137 personas que perdieron la vida y que ahora tendrán que ser los tribunales los que establezcan las responsabilidades penales y civiles.
A su vez, valoró que en las proposiciones del informe se incluyera la necesidad de hacer reformas legales para clarificar la responsabilidad de los delegados presidenciales, los municipios y el Ministerio de Obras Públicas en torno a la construcción de cortafuegos.
Además, que se solicitará una mayor coordinación con las FFAA en este tipo de eventos, ya que, en este caso en específico, no hubo intención del Estado de pedir ayuda, por ejemplo a la Armada, que contaba con equipamiento que habría podido colaborar en dar soporte a bomberos y brigadistas.
Responsabilidades políticas
La comisión acordó remitir el informe no solo a la Contraloría General de la República sino también al Ministerio Público. Esto en atención a las responsabilidades que le asisten a Conaf y otros organismos.
Para el diputado Andrés Longton (RN), lo que no puede ocurrir es “que nadie se haga responsable de haber actuado de manera tardía, negligente y sin los liderazgos suficientes de acuerdo a la normativa legal y reglamentaria que corresponde”.
Esto en atención a que durante la comisión se debatió que el día de la tragedia la delegada presidencial de Valparaíso estaba con vacaciones, pese a que existía una alerta temprana preventiva para dichas fechas. Así como el rol que jugaron las alcaldesas de las comunas afectadas durante la emergencia y en la prevención de la misma.
La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados deberá votar ahora este informe, que informará el diputado Tomás Lagomarsino. Sobre el mismo, el legislador manifestó que espera que se le pueda dar prioridad a su discusión para que pueda ser remitido a los organismos pertinentes.
