Avanzando con las indagatorias, la comisión encargada de fiscalizar los actos de Gobierno relacionados con el caso de los conscriptos de Putre, específicamente con la marcha del Ejército del pasado 27 de abril (CEI 54, 55), recibió a la madre del conscripto fallecido Franco Vargas.
En la oportunidad, Romy Vargas solicitó que el caso sea investigado por el Ministerio Público y no por los tribunales militares. En ese plano, clamó por justicia civil, tanto para su hijo, como para todos los jóvenes afectados.
Asimismo, desmintió los dichos del jefe del Estado Mayor General de Ejército, Rodrigo Pino, quien relató, en sesión anterior, las medidas adoptadas por la institución tras ocurrida la marcha.
Vargas también acusó el poco acercamiento del Ejército y la nula información entregada para realizar la reconstrucción de escena de la muerte de Franco. Añadió que tampoco se le comunicó sobre la orden de exhumación del cuerpo, ordenada por la jueza de la Corte Marcial.
Conscriptos de Putre
En la sesión también participó el exconscripto Cristopher Pakarati, compañero de marcha de Franco Vargas. El joven relató los hechos ocurridos y afirmó que le negaron realizar el recorrido con la vestimenta adecuada. “Lo pasamos mal en el tiempo que estuvimos en el servicio”, recalcó.
Pakarati señaló que escuchó a Franco Vargas pedir ayuda en reiteradas ocasiones, pero que no se le permitió ayudarlo. Agregó que, tanto él como sus compañeros, no contaron con los implementos necesarios y tampoco se les prestó atención médica. “No tuvimos atención médica, nada, ni exámenes”, sentenció.
El exconscripto, además, acusó malos tratos por parte de sus superiores del Ejército y daños psicológicos, que hasta hoy perduran.
Acuerdos y citaciones
Durante el desarrollo de la sesión, el grupo parlamentario acordó solicitar al jefe del Estado Mayor General de Ejército, Rodrigo Pino, la información completa contenida en la presentación expuesta ante la comisión el lunes 10 de junio. Lo anterior debido a que habría sido enviada a la instancia de manera incompleta.
Asimismo, las y los parlamentarios acordaron pedir los antecedentes oficiales que respaldan la indagatoria del Ejército. Ello para contar con los datos precisos y necesarios que aporten a la investigación.
Por otro lado, solicitaron al Ejército enviar la nómina de los funcionarios que estuvieron involucrados en la marcha del pasado 27 de abril.
Finalmente, la instancia acordó pedir al Ministerio Público la información sobre denuncias similares, desde el año 2005 a la fecha. Lo anterior, considerando el trágico precedente que dejó ese año la marcha de Antuco.
