Por ocho votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la Comisión de Recursos Hídricos aprobó un proyecto que modifica el Código de Aguas. La propuesta busca la protección de puntos de captación de aguas subterráneas, especialmente de servicios sanitarios rurales.
Se trata de una iniciativa originada en mociones refundidas de diputadas y diputados. La primera (boletín 15996) la presentaron María Francisca Bello (PCS), Héctor Barría (DC), Nathalie Castillo (PC), Diego Ibáñez (PCS), Camila Musante (IND), Marcela Riquelme (IND), Jaime Sáez (RD), Consuelo Veloso (IND) y Nelson Venegas (PS). Se propone dar protección a captaciones de agua, especialmente, con destino de consumo humano. También al saneamiento pertenecientes a comités y cooperativas que prestan servicios rurales.
La segunda propuesta (boletín 16155) aumenta el área de protección para los pozos de servicios sanitarios rurales. El texto lo impulsaron Víctor Alejandro Pino (DEM) y Yovana Ahumada (IND).
El Gobierno presentó una indicación sustitutiva que explicó la asesora legislativa de la Dirección General de Aguas, María Graciela Veas. Detalló que se trata de un texto consensuado, resultante de una mesa de trabajo con las y los asesores parlamentarios.
En dicho contexto, los cambios se respaldaron por la mayoría de los presentes en la comisión.
Detalle de la norma
El actual artículo 61 del Código de Aguas señala que la resolución que otorgue el derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas establecerá un área de protección en la cual se prohibirá instalar obras similares. Esto aplica para un radio de 200 metros medidos en terreno.
Asimismo, establece que, en casos justificados, se podrá autorizar una franja superior. Ello, en el caso de pozos de servicios sanitarios rurales o cooperativas que presten dichos servicios.
Ahora, el proyecto agrega cuatro normas nuevas al citado artículo. Así, se agrega que, en caso de pozos explotados por un servicio sanitario rural, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales del MOP podrá solicitar fundadamente a la DGA, la autorización para un radio de protección mayor a 200 metros.
Dicha franja de protección podrá considerar, asimismo, la protección de las aguas subterráneas frente a intrusión salina de origen terrestre o marítimo.
Además, se aplicarán sanciones a quien infrinja la prohibición de instalar pozos en el área de resguardo de 200 metros. La multa respectiva será de beneficio fiscal y podrá ir entre las 501 a 1.000 UTM.
Igualmente, la DGA podrá ordenar la paralización de obras en caso de acreditarse la extracción de aguas en un punto no reconocido o constituido. También, podrá ordenar el cegamiento de un pozo una vez que la resolución se encuentre ejecutoriada.
La diputada María Francisca Bello, una de las principales promotoras de una de las mociones, destacó que la iniciativa busca proteger el derecho humano al agua en sectores rurales.
Al respecto, valoró que se lograra avanzar en que la Subdirección de Servicios Sanitarios pueda solicitar a la DGA la autorización de un área mayor de protección. Explicó que eso significa que las APR no tendrán que costear estudios hidrogeológicos que tienen un alto costo.
Finalmente, resaltó el aumento de las infracciones y la posibilidad de que exista mayor capacidad fiscalizadora de la DGA.
