La Comisión de Educación recibió al ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, para conocer el proyecto que moderniza la oferta de educación parvularia (boletín 16811). Junto a la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, expusieron los principales objetivos de la iniciativa para garantizar estándares de calidad en este nivel educativo.
En términos generales, la norma busca ampliar el plazo para que espacios que imparten educación parvularia y reciben aportes del Estado obtengan el Reconocimiento Oficial. La normativa vigente señala que este vence el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, hasta la fecha sólo ha cumplido con este requisito un 36% de los jardines. Frente a esto, la propuesta del gobierno es extenderlo por 10 años más.
Este punto generó críticas por parte de quienes integran la comisión, pues plantearon que no se estaría priorizando los derechos de las y los niños. Ante esta situación, el ministro señaló que comparte el sentido de urgencia, pero que el proyecto se construyó con un “sentido de realidad”. Esto porque, pese a que la norma actual fue dictada en 2010, aún queda un 64% por regularizar.
Modernización educación parvularia
Otros de los objetivos del proyecto es dotar de reconocimiento legal a los establecimientos alternativos. De acuerdo a lo explicado, este tipo de instituciones reciben cerca de 6 mil niños y niñas, sobre todo de zonas rurales del país. Para esto, el proyecto también establece la normativa para el reconocimiento de los programas de dichos establecimientos.
Además, la propuesta del gobierno establece la Creación del Registro Público de Establecimientos de Educación Parvularia. La meta es construir una nómina de establecimientos de nivel parvulario donde se señale el tipo de certificación con el que cuentan, entre otra información.
Junto a esto, la idea es contar también con un registro de estudiantes matriculados en jardines que reciban subvención o aportes del Estado. Un elemento que, a su vez, permitirá establecer la incompatibilidad de matrículas múltiples en diferentes establecimientos, que a la fecha superan las 11 mil.
Finalmente, el proyecto busca establecer la obligación de regular los mecanismos de suspensión e interrupción de actividades en educación parvularia. Y, además, pretende dotar de más herramientas a la Superintendencia de Educación para identificar los establecimientos que imparten este nivel de enseñanza.
Salud mental en educación superior
En segundo lugar, la comisión continuó con las audiencias del proyecto que establece un sistema de protección para estudiantes de educación superior que requieren cuidados en su salud mental (boletín 16428).
En esta ocasión la instancia recibió al superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar. Dentro de sus observaciones a la norma, planteó que el proyecto parece poner el foco en las y los estudiantes con diagnóstico. Sin embargo, desde su perspectiva, el principal problema es el de las y los estudiantes que desaparecen de clases, sin ser pesquisados por la universidad.
Frente a esto, sugirió poner énfasis en la promoción del cuidado de la salud mental y la prevención de patologías dentro de la comunidad educativa. Para esto, destacó la necesidad de mejorar los mecanismos para la obtención de antecedentes del estado de la salud mental en la educación superior.
En la misma línea, expuso la académica Alejandra Caqueo, del Centro de Justicia Educacional de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su presentación señaló que existió un gran aumento de los problemas de salud mental durante y post pandemia.
Frente a esto, llamó a que exista un acompañamiento a las y los jóvenes desde las instituciones. Agregó que este debe ser permanente y contar con recursos y financiamiento para sostenerse en el tiempo.
