Por 78 votos a favor, 48 en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto (boletín 16017) que modifica la Ley 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, para regular la remisión y recepción de informes y antecedentes relativos al cumplimiento de tratados internacionales. Igualmente, respecto de resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos.
El texto busca normar el envío y recepción por parte de la Cámara de los resultados de los procesos de informes y observaciones entregados al Estado por los órganos supervisores del cumplimiento de tratados internacionales. Lo propio respecto de la entrega, envío y recepción del contenido de otras resoluciones y recomendaciones del referido ordenamiento, con la respectiva presentación de tales resultados.
La iniciativa establece que la Cámara de Diputadas y Diputados recibirá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos los informes y antecedentes relativos a los resultados de los ciclos de presentación de informes periódicos, ante los referidos órganos supervisores, así como de otras resoluciones y recomendaciones originadas en el Sistema Interamericano y en el Sistema Universal de Derechos Humanos, disponibles en tal periodo.
Con este fin, la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, o el nombre que esta adopte, destinará de manera anual una sesión ordinaria. En el caso de la recepción de resultados del Examen Periódico Universal efectuado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado de Chile, dicha información deberá ser recibida y presentada ante la Cámara en una sesión especial de la Sala, destinada para tal efecto.
Debate parlamentario
Informó el texto en la Sala la diputada y autora de la moción, Lorena Fries (PCS). Participaron en el debate, además, Stephan Schubert (IND), Sara Concha (PSC), Hotuiti Teao (IND), Diego Schalper (RN), Lorena Pizarro (PC), Cristián Araya (PREP), Leonardo Soto (PS) y Daniela Serrano (PC).
Intervinieron también Emilia Nuyado (PS), Consuelo Veloso (RD), Nelson Venegas (PS), Agustín Romero (PREP), Jaime Naranjo (PS), Marcos Ilabaca (PS), Cristóbal Urruticoechea (PREP), Johannes Kaiser (IND), Vlado Mirosevic (PL), Luis Sánchez (PREP), Juan Irarrázaval (PREP), Henry Leal (UDI), Tomás De Rementería (IND), Enrique Lee (PRI) y Carmen Hertz (PC).
Durante la discusión, quienes respaldaron la norma resaltaron el consenso generado en la Comisión de DDHH, que previamente analizó el texto. Destacaron, asimismo, que el proyecto releva la importancia de la información, con el objeto de conocer el parecer de la comunidad internacional, respecto de consensos universales como la dignidad humana, que debe ser debatida y promovida.
En esa línea valoraron la existencia de un debate democrático, respecto de lo que el país está dispuesto a hacer en materia de derechos humanos.
Por su parte, quienes rechazan el proyecto señalan que carece de una justificación que realmente lo haga necesario. Ello, porque presentaría graves deficiencias, al no está basado en resoluciones en derecho, sino que en debates dados en órganos internacionales o ideas vinculadas a estos.
Sostuvieron, de igual modo, que el texto menoscaba la independencia del Estado, pues pretende someter la legislación nacional a otros intereses y grupos externos.
Información sobre acuerdos
El proyecto busca mejorar la relación de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en el diseño y ejecución de legislación que permita dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Estado en materia de Derechos Humanos. Esto, para que ambos poderes del Estado confluyan con más facilidad en la configuración de una agenda país en temáticas de Derechos Humanos que permitan reforzar la institucionalidad, las políticas públicas y contribuir a la integración del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el derecho interno de la actual Constitución Política de la República.
Así, la iniciativa busca fortalecer el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la gestión pública. Sostiene, además, que la entrega a la Cámara de los informes que el Estado presenta a los órganos supervisores de tratados internacionales, permite robustecer el principio de transparencia.
Lo propio respecto de los informes que el país recibe de los distintos organismos internacionales; con las correspondientes presentaciones de la autoridad competente, en una materia tan relevante para la democracia y el Estado de Derecho como los Derechos Humanos.
