Propuestas legislativas en el ámbito de la seguridad pública, pero también económica y del área deportiva, abordó la Sala de la Cámara en esta primera semana de mayo.
El lunes 6, obtuvo un apoyo unánime el proyecto que modifica tres cuerpos legales para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones por medio de funcionarios de carabineros (boletín 15905). La idea de la iniciativa, enviada a segundo trámite, es aumentar la presencia policial en las calles.
Además, se aprobó el texto (boletín 16598) que prohíbe la fabricación, comercialización, importación, exportación, utilización, tenencia y porte de inhibidores de señal de telecomunicaciones. La idea es impedir el uso de instrumentos aptos para interferir, interceptar o interrumpir cualquier tipo de señal de telecomunicaciones. Solo quedan exceptuadas las policías y algunas entidades públicas estratégicas. Pasó al Senado.
Por el contrario, la Corporación envió a comisión mixta dos artículos del proyecto que crea un registro de deuda consolidada (boletín 14753). La propuesta busca mejorar la información sobre el comportamiento de pago de las personas.
El martes 7, se respaldó el texto que establece nuevas normas para el desarrollo de espectáculos de fútbol profesional (boletín 16223). Promueve los principios deportivos de seguridad, prevención, organización, convivencia, responsabilidad y eficiencia del sistema antiviolencia en el deporte profesional. Se derivó a segundo trámite.
Paralelamente, se dio luz verde a la propuesta que limita el tiempo de respuesta a solicitudes por parte del Consejo de Monumentos Nacionales (boletín 16565). La norma establece un plazo de seis meses para que la entidad responda a los interesados. Pasó a segundo trámite, al Senado.
Miércoles 8
El miércoles de esta primera semana de mayo, la Sala también aprobó un nuevo proyecto de la agenda de seguridad pública. Para sus fines modifica la Ley 17.798, sobre Control de Armas. En lo principal, el texto (boletín 15995) autoriza el porte de armas a los aspirantes a oficiales y alumnos de Carabineros, mientras realicen sus prácticas. Pasó al Ejecutivo para su promulgación como ley.
Finalmente, se apoyó la idea de legislar de una iniciativa (boletín 16299) que entrega un permiso laboral a dirigentes de los Servicios de Agua Potable Rural (APR). Aplica en casos de emergencias que puedan producirse en la operación y gestión del servicio. Por ser objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de Recursos Hídricos.
