La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados inició el análisis de tres proyectos de ley, en materia de prevención del delito.
La primera de estas iniciativas consagra funciones en materia de prevención social, situacional y comunitaria, así como de apoyo y asistencia a víctimas.
El texto, (boletín 16.132), busca robustecer la institucionalidad de seguridad pública. La norma fortalece a las municipalidades y permite que los Gobiernos Regionales puedan otorgar asistencia técnica.
Expuso ante la instancia el subsecretario prevención del delito Eduardo Vergara. Precisó que la normativa se relaciona con aspectos de la seguridad privada.
Sostuvo que, en materia de prevención del delito existen tareas compartidas, por lo que el trabajo conjunto de todos los actores, es lo que fortalece la protección de las personas.
Tras su exposición, las y los diputados plantearon algunas dudas respecto de la burocracia que podría traer la creación de nuevas estructuras de coordinación. Si bien destacaron que se trata de un proyecto bien intencionado señalaron que muchas veces sin quererlo, se atenta contra la efectividad de los planes.
Plantearon que el desafío es traspasar las definiciones de las mesas de trabajo a la práctica, con el objeto de mejorar la seguridad
Protección de dirigentes
En segundo término la instancia inició el análisis de dos proyectos; el que regula la protección de dirigentas y dirigentes sociales (boletín 16.356) y el que modifica la ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, en materia de protección a dirigentes sociales, sus parientes y patrimonio, por agresiones físicas, psicológicas o dañosa su propiedad,, con motivo del ejercicio de sus funciones (boletín 16.031).
Expuso ante la comisión la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Indicó que la señal que se busca entregar es que el Estado no es indiferente ante las agresiones que puedan sufrir los dirigentes, quienes no están solos frente a esto.
En virtud de las características de ambas iniciativas, la comisión decidió refundir los textos en un solo proyecto.
De tal forma, el texto que inicia su trámite, incorpora la definición de dirigente a la normativa actual sobre organizaciones de interés público. Asimismo, modifica el código penal en el caso de que el/la dirigenta sufra algún tipo de amenaza o agresión.
