La comisión especial investigadora sobre el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social (CEI 26) aprobó las propuestas y conclusiones incluidas en dos informes, uno del oficialismo y otro de oposición.
Cabe mencionar que, si bien al momento de la votación ambos textos lograron aprobarse por mayoría, en cada caso el apoyo fue disímil. Solo la diputada Joanna Pérez (DEM) respaldó las dos redacciones, haciendo la diferencia para su ratificación. A su juicio, ambos informes cumplen con el diagnóstico y recomendaciones.
Recordemos que el grupo parlamentario se encargó de reunir antecedentes relativos a actos de Gobierno, particularmente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto, sin perjuicio de otros organismos que resulten competentes en la materia, relacionados con los criterios para otorgar estas pensiones a presuntas víctimas de hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019.
En sus fundamentos, el texto menciona que en la Ley de Presupuestos 2021 se contempló una glosa destinada a reparar económicamente a las eventuales víctimas. Ello, dentro de la asignación “Jubilaciones, Pensiones y Montepíos”, de la partida del Tesoro Público. El monto asignado fue de más de 52.500 millones de pesos.
Conclusiones y recomendaciones
En sus recomendaciones, las y los parlamentarios de la oposición instan al Presidente a hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves “a fin de revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron” el otorgamiento de la pensión. En síntesis, se busca verificar si todavía existen aquellas afectaciones a través de un procedimiento especial llevado a cabo por el Compin.
Además, se plantea reevaluar el mérito de las pensiones que han sido entregadas a personas con antecedentes penales y revocar el beneficio si se llega a detectar una mejora física en los beneficiarios con lesiones leves. Esto, considerando que la pensión es vitalicia “y se mantendrán vigentes mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.
Por último, se llama a evitar el otorgamiento de pensiones de gracia “como medida de reparación por eventuales violaciones a los Derechos Humanos, independientemente del contexto en que se originen”. Para esto, solicitan que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud para constatar “objetivamente” las presuntas lesiones”.
Por su parte, el texto promovido por el oficialismo recomienda crear una ley de reparación integral para personas que hayan sufrido violaciones de derechos humanos. Esto, en el marco del llamado estallido social en Chile.
También, se solicita modificar la Ley 18.056, que establece las normas generales sobre el otorgamiento de Pensiones de Gracia por el Presidente de la República. Los cambios a este cuerpo legal deberían ir en la línea de mayor transparencia, publicidad a la hora de otorgar este tipo de beneficios.
Por último, en relación con víctimas indirectas, tales como entorno familiar de la persona afectadas directamente, recomiendan generar mecanismos para la identificación oportuna de familias que requieren apoyo y acompañamiento psicológico.
