Cuatro fueron los cambios que propuso el Senado y que la Cámara no aprobó, en torno al proyecto de ley (boletín 6639) sobre seguridad privada. Estos puntos deberán pasar a una Comisión Mixta que encuentre una redacción que satisfaga a ambas ramas del Congreso.
El primer cambio que se rechazó fue la facultad para que personas y empresas de seguridad privada coordinen sus actividades con Carabineros de Chile. Este cambió, que requería 78 votos a favor, alcanzó 75 preferencias, 63 en contra y 4 abstenciones.
Luego, se rechazó con 72 votos a favor, 63 en contra y 7 abstenciones, el artículo relativo a los recursos y procedimientos de apelación de las empresas de seguridad privada.
Posteriormente, se rechazó el punto que disponía que las empresas de seguridad privada debían tener un estudio de seguridad vigente, documento que debía ser autorizado por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esta norma recibió 71 votos a favor, 65 en contra y 7 abstenciones.
Un último cambio rechazado es el que obligaba a las empresas de seguridad privada a mantener en reserva la información que tengan en razón de los servicios que prestan, además de velar porque su personal cumpla con la misma obligación. Este cambio recibió 73 votos a favor, 65 en contra y 6 abstenciones. Pero requería 78 votos afirmativos, al ser una norma de quórum.
Contenidos del proyecto de seguridad privada
En general, la propuesta entrega una nueva definición de empresas de seguridad privada. Establece que son aquellas que tienen por objeto suministrar bienes o prestar servicios para la protección de personas, bienes y procesos productivos en determinadas actividades.
También agrega que sólo podrán actuar con este fin aquellas autorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Para esto, deberán cumplir con una serie de requisitos, como contar con personalidad jurídica de derecho privado.
La iniciativa comenzó su tramitación en 2009 y en agosto de 2013 fue despachada a segundo trámite, al Senado. Tras estos años de análisis y debates, también se cambió la definición de transporte de valores y sus actividades vinculadas. La norma lo define como la custodia y traslado de valores de un lugar a otro, dentro o fuera del territorio nacional. Éste sólo podrá realizarse por empresas autorizadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Igualmente, incluyó normas para las empresas de seguridad electrónica. Ellas son definidas como aquellas que tiene por objeto la instalación y mantenimiento de equipos tecnológicos con fines privados conectados a centrales receptoras de alarmas y videovigilancia.
Otro punto del que se hace cargo esta iniciativa es establecer los lineamientos para la seguridad privada en eventos masivos. El objetivo es evitar riegos para la integridad de las y los asistentes o los bienes, junto con alteraciones a la seguridad y orden público.
Debate parlamentario
Informó el proyecto la diputada Marcela Riquelme (IND). Luego, participaron del debate las y los diputados Marta Bravo (UDI), Mercedes Bulnes (IND), Hotuiti Teao (IND), Daniel Lilayu (UDI), Francisco Pulgar (IND), Leonardo Soto (PS), Cristián Araya (PREP), Roberto Arroyo (IND), Juan Carlos Beltrán (RN), Maite Orsini (RD), Miguel Mellado (RN), Luis Sánchez (PREP), Ximena Ossandón (RN) y Joanna Pérez (IND).
