Una jornada de variadas audiencias tuvo hoy la Comisión de Salud de la Cámara. Una de ellas concitó a representantes de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud. El objetivo fue exponer sobre la no continuidad de los servicios de refuerzo por Covid-19 y las consecuencias sanitarias de prescindir de sus servicios.
Además, plantearon una serie de problemáticas que les afectan, entre ellas, la negativa para que 450 trabajadores, actualmente contratados a honorarios a suma alzada, pertenecientes al Servicio de Salud Coquimbo (SSC), pasen a ser de la dotación a contrata.
El presidente de esta Confederación, Aldo Santibáñez, mostró su preocupación como organización sindical ante la desvinculación que se va a ejecutar el 31 de agosto de 2023. Señaló que se está hablando de casi 15 mil trabajadores/as que, actualmente, están realizando servicios de refuerzo en establecimientos de salud, en distintivos niveles. “Hasta el día de hoy, no tenemos certeza qué va a ocurrir con ellos”, remarcó.
Aseguró que la pandemia vino a develar que, en materia de salud pública, faltan profesionales. Remarcó que, hoy, existen unidades de rehabilitación física y laboratorios que son atendidos por honorarios Covid. “Cuando el 31 de agosto se termine esta inversión, la salud pública va a quedar en nada”, aseguró.
Padre Hurtado y Confedeprus
El grupo parlamentario, además, escuchó a representantes del Hospital Padre Hurtado. Cecilia Llaña Rubilar y Tixia Córdova expusieron sobre las problemáticas en materia traspaso del centro hospitalario a la Red de Salud Metropolitana Sur- Oriente.
Acotaron que este traspaso no está excepto de dificultados. “En marzo, al intentar acoplar e igualar nuestro sistema de remuneraciones se generó una planilla suplementaria como parte del total de haberes de los trabajadores que en marzo es retirada”, remarcaron.
Puntualizaron que, por concepto de bonos, desde enero, se está generando un impacto en remuneraciones de alrededor de 90 millones de pesos mensuales. “La deuda a los trabajadores es de 500 millones de pesos, aproximadamente”, plantearon.
Detallaron que esta situación afecta a un 60 % de los profesionales de una plantilla de dos mil trabajadores que posee el hospital.
En otra audiencia, se recibió a la presidenta de la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus), Margarita Araya. Su participación se enfocó en la importancia de considerar las alertas en salud pública.
También se refirió a la disponibilidad de recursos para garantizar la atención en salud y condiciones laborales del equipo. Estimó que es necesario contar con recursos adicionales para entregar garantías a los nuevos profesionales, donde casi el 80 % son mujeres.
“La garantía de las condiciones de las trabajadores es pilar fundamental para garantizar la continuidad de atención de nuestra población”, evaluó.
Otros invitados
En la sesión, igualmente expusieron dirigentes de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros del Hospital de Coronel, así como de la Federación de técnicos en enfermería del servicio de Salud Corone. Expusieron sobre diferentes conflictos en la administración del hospital.
Junto con ellos, participó el presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Salud Pública del Hospital Sótero del Río, Héctor Calfuleo. Solicitó presupuesto para traspasar a los técnicos en enfermería, auxiliares y administrativos que funcionan actualmente en el tercer turno a un cuarto turno.
Finalmente, se escuchó a representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud Unitaria e Histórica del Hospital de Casablanca. Hablaron sobre una serie de documentos que sustentarían irregularidades acaecidas en el recinto hospitalario.
