La Comisión de Constitución retomó la votación del proyecto que modifica diversos textos legales en materia de ejecución de sanciones penales (boletín 12213).
En la sesión, el grupo parlamentario avanzó en la votación de indicaciones consensuadas con el Ejecutivo en una mesa técnica. Estas se relacionan con las reglas comunes y los procedimientos que se establecen en el texto legal.
Así, se trataron los principios de respeto a la dignidad de la persona y de igualdad y no discriminación. Estos se simplificaron y se establecieron tres grandes reglas comunes.
En ese contexto, se respaldó que, en el ejercicio de la actividad penitenciaria y en la ejecución de sanciones penales, la administración penitenciaria tenga en cuenta las necesidades individuales y colectivas de las personas privadas de libertad.
En ningún caso la administración penitenciaria podrá establecer distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones carentes de justificación razonable, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación.
Otros alcances del proyecto sobre sanciones penales
Con respecto al principio de proporcionalidad, el documento señala que, en la actividad penitenciaria, las decisiones de la administración deberán ser idóneas, necesarias y proporcionales, en cuanto a su duración e intensidad. Esto, para alcanzar la finalidad deseada. Asimismo, se establece que no se podrá emplear rigor innecesario ni desproporcionado.
También, se respalda que la administración penitenciaria velará por la oportuna comunicación de las personas sujetas a su custodia o vigilancia con los tribunales encargados de la ejecución.
Durante la sesión, el grupo parlamentario también aprobó aspectos relativos a la pluralidad de solicitantes. Ahí se establece que cuando las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, podrán ser formuladas mediante única solicitud, salvo disposición legal en contrario.
En dichos casos, el proyecto subraya que la administración deberá establecer formularios de solicitudes para facilitar el acceso a la justicia. Estos estarán a disposición pública en las dependencias del tribunal y administrativas.
Los solicitantes podrán acompañar los documentos que estimen convenientes para precisar o completar los datos del formulario. Estos, deberán ser admitidos y tenidos en cuenta por el juez de ejecución. En ese plano, los legisladores sostienen que se pretende que, tanto las victimas como el Ministerio Público puedan ser partícipes de estas instancias de discusión.
La iniciativa debiera ser despachada a Sala en una próxima sesión.
