Dos nuevos acuerdos internacionales aprobó y envió a segundo trámite la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Por medio del primer convenio (boletín 15712) se aprueba el acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el Desarrollo de las Bibliotecas Nacionales de los Países de Iberoamérica (Abinia). Se adoptó en Lima, el 12 de octubre de 1999.
Los informes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda lo rindieron Ximena Ossandón (RN) y Miguel Mellado (RN), respectivamente. En ellos se relata que Abinia se creo en 1989, en México. Su carácter es el de una asociación civil sin fines de lucro. Tiene el propósito de concretar esfuerzos y recursos para preservar y difundir el patrimonio bibliográfico y documental que conservan las bibliotecas nacionales iberoamericanas.
Se explica que casi la totalidad de las bibliotecas nacionales de Iberoamérica se afiliaron a la Asociación. Además, se resalta que, en su desarrollo, Abinia ha experimentado un proceso de continua y progresiva consolidación institucional. Ello se traduce en una sólida estructura orgánica, así como en proyectos y programas cooperativos.
Por otra parte, se destaca que Abinia opera como un foro permanente. La idea es analizar y concertar políticas y orientaciones técnicas relativas a aspectos sustanciales del funcionamiento de las bibliotecas nacionales iberoamericanas.
Al mismo tiempo, establece una fuerte y amplia red de vínculos con organizaciones internacionales, tanto de carácter cultural como bibliográfico. Igualmente, con fundaciones y entidades especializadas que apoyan el ámbito del patrimonio bibliográfico y de la información asociada al libro y a los nuevos soportes emergentes.
Cabe precisar que este instrumento internacional entró en vigor el 11 de septiembre de 2000.
Acuerdo con Austria
El segundo de los dos nuevos acuerdos internacionales se firmó en Viena, entre Chile y Austria, el 10 de marzo de 2022. Es relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de agentes de misiones de ambos países.
En el informe (boletín 15330) de la Comisión de Relaciones Exteriores, rendido por Cristhian Moreira (UDI), se explica el detalle del articulado. Allí se explicita la mencionada autorización que apunta a familiares dependientes del personal diplomático, consular, técnico y administrativo de una parte destinado a una misión oficial de su Gobierno en el otro.
Con este permiso, los citados familiares pueden ejercer actividades remuneradas en el Estado receptor. Ello se realizará en las mismas condiciones que los nacionales de ese Estado, siempre que cumplan con los requisitos y reglamentos legales para el ejercicio de su profesión.
La señalada autorización podrá rechazarse en los casos que, por razones de seguridad o de orden público, sólo se pueda contratar a nacionales del Estado receptor. Tampoco implicarán el reconocimiento de títulos, grados o estudios entre las partes.
Otras disposiciones regulan aspectos como la inmunidad jurídica, normas de carácter tributario y de seguridad social.
Desde la cancillería se informó que Chile tiene, a la fecha, 46 instrumentos vigentes de igual naturaleza.
