La Sala solicitó al Ejecutivo estudiar e implementar los mecanismos legales que correspondan para garantizar la protección de los derechos laborales de las y los fiscales.
Así lo plantea la resolución 731, aprobada por la Cámara. En ella se solicita la tramitación de una ley que aumente la dotación de fiscales. Asimismo, se busca establecer programas de capacitación, formación y medidas que fortalezcan una carrera funcionaria al interior del Ministerio Público.
De acuerdo a los autores, las proyecciones originales hechas al momento de implementar la Reforma Procesal Penal establecían que cada fiscal iba a dirigir, en promedio, no más de mil causas al año. Sin embargo, ha existido un aumento exponencial de ingresos al sistema.
Por otro lado, explican que no cuentan con el reconocimiento legal que les permita solicitar permisos u otras horas gremiales. Lo anterior, dado que no están incorporados en la ley de asociaciones de funcionarios de la administración pública.
Adicionalmente, se considera que el contexto en que la sensación de inseguridad y la tasa de comisión de delitos ha aumentado en Chile, la labor de los fiscales se torna esencial para el efectivo funcionamiento del sistema judicial penal.
En tal plano, se estima relevante promover las acciones mencionadas y garantizar por esa vía la protección de los derechos laborales de las y los fiscales.
Los autores son Andrés Giordano (IND) Jorge Brito (RD), Claudia Mix (Comunes), Ericka Ñanco (RD), Maite Orsini (RD), Catalina Pérez (RD), Camila Rojas (Comunes), Patricio Rosas (IND), Jaime Sáez (RD) y Consuelo Veloso (RD).
