Por ocho votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda aprobó enviar un oficio a la Sala de la Cámara, respecto del proyecto que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural (boletín 12712).
Ello, ya que, al no existir informe de la Comisión de Cultura, porque venció el plazo para su votación en particular, no pudo ser votado por Hacienda.
En tal sentido, la Sala resolverá sobre la base de dos posibles acciones: dar más tiempo a Cultura o fijar los artículos de competencia de Hacienda.
El subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Máximo Pavez, señaló que otorgarán discusión inmediata a la iniciativa. Dijo que esperan que el proyecto sea revisado prontamente, ya sea para su despacho al Senado o para que se rechace en la Sala la idea de legislar.
Nueva institucionalidad patrimonial
Expuso sobre esta iniciativa el subsecretario de Patrimonio Cultural, Emilio De la Cerda. Recordó que el proyecto sobre la nueva institucionalidad cultural ingresó en 2019 y que, en marzo de 2021, se presentó una indicación sustitutiva. Ello, luego de más de 50 audiencias de la Comisión de Cultura y varios procesos de participación, organizados por el Ministerio de las Culturas.
Agregó que es necesario actualizar la Ley de Monumentos Nacionales que es de los años setenta. Esto, atendiendo el centralismo que contiene, la obsolescencia de las categorías de protección y la ausencia de herramientas de gestión y financiamiento para el patrimonio. “Se transforma en un lastre para la protección del patrimonio, más que en una herramienta efectiva”, enfatizó.
De la Cerda dijo que el proyecto contempla exenciones tributarias, como no pago de impuesto territorial para bienes patrimoniales protegidos. Además, considera beneficios tributarios de impuesto a la renta por mantención del patrimonio cultural y un Fondo del Patrimonio, junto con subsidios.
Objetivo del proyecto
La iniciativa se fija como objetivo regular la identificación, reconocimiento, protección, salvaguardia, promoción y difusión del patrimonio cultural.
Se entiende este último como manifestaciones materiales y elementos inmateriales representativos de las diversas expresiones sociales y culturales, presentes y pasadas, que se encuentran en el territorio chileno. Asimismo, plantea que ellas contribuyen a construir identidades, fortalecer comunidades y son trasmitidas de una generación a otra.
Se entregan, así, herramientas y recursos para la protección efectiva del patrimonio, con foco en la gestión, procedimientos y plazos. Igualmente, contempla equilibrar la representación ante el Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y en los Consejos Regionales.
Por otra parte, se refuerza la participación ciudadana en procedimientos de declaratoria y se potencia un mayor vínculo con los municipios.
Además, el texto amplía las categorías de protección incluyendo paisajes e itinerarios culturales y sitios de memoria. De igual modo, innova en la protección, la propiedad intelectual de cultores y comunidades de patrimonio inmaterial.
Por último, contiene disposiciones sobre el tráfico ilícito de bienes culturales.
