La Comisión de Seguridad Ciudadana acordó votar el miércoles 27 de octubre la recomendación que hará a la Sala respecto de las modificaciones del Senado al proyecto que fortalece la institucionalidad en materia de control de armas (boletines 5254, 5401, 5456, 9035, 9073, 9079, 9577 y 9993).
Gran parte de la sesión estuvo abocada a escuchar al contralor general de la República, Jorge Bermúdez. Este compartió los alcances de una auditoria efectuada a la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 (ver presentación).
Entre los principales hallazgos se determinaron debilidades de control interno. Igualmente, se detectó inexistencia de controles que validen la autenticidad de la documentación de respaldo de las inscripciones de armas.
Asimismo, se observó falta de comprobación de domicilios declarados por los tenedores de armas e inexistencia de revisiones al libro de entregas voluntarias de armas.
Entre otros antecedentes, se realizó un cruce de datos entre la información aportada por la DGMN y el Registro Civil. Ello dice relación con los antecedentes penales de los tenedores que mantienen armas en su poder. Se advirtió lo siguiente:
- 22.987 civiles con antecedentes penales, a diciembre del 2018, mantienen armas inscritas vigentes a su nombre.
- 1.714 personas que poseen antecedentes penales por violencia intrafamiliar, mantienen armas vigentes en la DGMN.
Cazadores y deportistas
En la jornada también participaron representantes de los cazadores, tenedores y deportistas de armas Chile. Su vocero, Roberto Quiroz, sostuvo que varias de las indicaciones del Senado han sido mal planteadas.
En general, manifestaron sus observaciones a los aspectos relacionados con las municiones expansivas y la distinción de estas.
Por otro lado, plantearon su preocupación por los cupos de armas para coleccionistas, cuya reducción afectaría el patrimonio de las personas, considerando el alto valor de estas.
Para ellos, esta propuesta de reglamentación no incide en el combate a la delincuencia. En tal plano, consideran que se debería rechazar dicho punto.
Adicionalmente, manifestaron sus criticas a la acreditación de los fondos para la compra de armas que se plantea. Ello, porque no se explica cual será el mecanismo para determinar este punto.
