Una nueva jornada de audiencias públicas se realizó en la comisión que analiza la procedencia del libelo acusatorio en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa por vulneración del derecho a la educación, de los derechos laborales de las y los trabajadores de la educación y la amenaza a la vida e integridad física y psíquica.
La primera expositora fue Alicia Miranda, vicepresidenta de la confederación nacional del movimiento de jardines infantiles vía transferencia de fondos (VTF). Miranda expuso sobre las precarias condiciones de trabajo que mantienen las trabajadoras de estas instituciones.
Si bien reconoció la necesidad del retorno a clases, criticó la mala infraestructura de los jardines VTF en muchas localidades del país. Frente a esto, hizo un llamado al ministerio de Educación de fiscalizar los recursos que se entregan a los sostenedores.
Señaló además que las transferencias se han realizado sobre la base de la matrícula de 2018, lo que no permite suplir los costos necesarios para la generación de materiales en este tiempo de trabajo a distancia, ni tampoco para proteger los inmuebles de robos. Además puso en evidencia las dificultades en el pago de reajustes de acuerdo a las últimas normativas.
Estudiantes
En segundo lugar, expuso Matías Paredes, presidente del Centro de Estudiantes Instituto Nacional. El dirigente dijo que comparten la necesidad latente de volver a las clases presenciales, para retomar los procesos pedagógicos.
Sin embargo, señaló que no existen recursos adicionales del ministerio para responder a las nuevas necesidades que nacen del escenario de crisis sanitaria. En esta dirección, puso énfasis en el apoyo para facilitar la conectividad de las y los estudiantes y criticó la ausencia de apoyo en términos de salud mental para la comunidad escolar, que no cuentan con psicólogo, psicopedagogo u orientadores. Frente a este escenario, aseguró que no existirían las condiciones para un retorno seguro a clases.
Como contraparte a esta posición, expusieron René Rivas y Sebastián Ballesteros, representantes del Movimiento Independiente de Estudiantes Secundarios (MIES). Ambos afirmaron que “establecer de manera general y homogénea que todos los colegios no pueden volver, daña irreparablemente la educación en el país”. Desde su punto de vista, cada comunidad tiene su propia realidad educativa y algunos establecimientos sí tienen las condiciones.
Por ello firmaron que el proceso de acusación contra del ministro de Educación “estorba y enlentece” los procesos necesarios para el retorno a clases. En esa línea pidieron a las y los parlamentarios “trabajar teniendo en cuenta como foco principal los estudiantes y no sus intereses políticos”.
Trabajadores
En la sesión participó también la dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FENATED) Pamela Álvarez, que congrega a cerca de 5 mil asociados.
En su exposición puso el énfasis en el desafío que ha significado para las y los trabajadores de la educación la crisis por Covid-19 en términos de la precariedad de las condiciones laborales, la multiplicidad de labores, el exceso de trabajo administrativo, los problemas de conexión y espacios de desconexión, entre otros. Frente a esto, asegura que el “ministerio de Educación abandonó a este sector, quedando a merced de los sostenedores”.
En una línea similar expuso la directora Escuela Millahue, de Barrancas, Alejandra Benavides. Esta expresó que existe un anhelo de volver a clases, sin embargo, no se dan las condiciones para poder concretarlo. Al respecto afirmó que los recursos que permitirían su implementación, no están disponibles.
La docente explicó que, por ejemplo, existe un retraso de años en bonos de incentivo al retiro de profesores, lo que perjudica los ingresos de los establecimientos. Junto a esto, lamentó que los fondos para el retorno a las clases presenciales sean a través de postulaciones o incluso, no se informen debidamente.
Otras experiencias
Finalmente, en la comisión expusieron Víctor Reyes, director liceo Bicentenario San Nicolás, de Ñuble y Claudia Trillo directora de Servicio Local de Educación de Llanquihue, quienes a través de sus presentaciones mostraron la forma en la que han podido gestionar los recursos estatales para implementar planes de retorno seguro a clases.
“Los recursos de la subvención para nosotros han sido suficientes” aseguró el director del liceo San Nicolás, señalando que hasta la fecha cuentan con cerca de la mitad de las y los estudiantes en modalidad presencial.
Por su parte, Claudia Trillo, expuso la forma en la que se instaló este nuevo servicio, los programas de recuperación de infraestructura de los establecimientos educacionales de la zona y destacó que, desde la apertura a clases presenciales en marzo, no han tenido ningún contagio al interior de los establecimientos educacionales.
