La Comisión de Salud aprobó en particular y despachó a la Sala el proyecto de ley, originado en moción, que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de los funcionarios de la salud, para efectos del pago de las asignaciones y bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe por la pandemia de Covid-19 (boletín 14.257)
Entre otros puntos, la medida señala que se suspenderán todos los procesos de formulación y evaluación asociados al pago de asignaciones y bonificaciones.
Además, se entenderán cumplidas en un 100% las metas para efectos del pago y no afectarán las bonificaciones de las y los trabajadores de las instituciones, en caso de que se produzcan hechos fortuitos o imprevistos derivados de catástrofes, daños graves, tanto en la infraestructura de los servicios de salud como en establecimientos de salud municipal, o actos de violencia o acciones terroristas que impidan o alteren gravemente la capacidad para atender usuarios, según decreto fundado de la autoridad sanitaria, en caso de alerta sanitaria.
De igual manera, se precisó que, si decretada una alerta sanitaria de conformidad a lo establecido en el Código Sanitario y esta se extendiera por mas de seis meses, significando un grave riesgo y la insuficiencia de atención de la Red de Salud Pública, se aplicará en una zona territorial determinada o a nivel nacional, según lo determine la autoridad sanitaria competente.
La iniciativa será dada a conocer a la Sala por el diputado informante Ricardo Celis (PPD), quien, además, es autor del proyecto de ley.
Antecedentes de la iniciativa
La moción parlamentaria puntualiza que, producto de la pandemia y de la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, el sector de la salud pública se ha visto fuertemente impactada por la sobrecarga de tareas para responder de manera oportuna y eficaz a las medidas de contingencia en el marco de la alerta sanitaria.
Añade que, desde que comenzó la pandemia en nuestro país, tanto los recursos como el personal se abocaron casi totalmente a combatir el Covid-19, lo que ha significado un desgaste enorme, incluyendo en ello, incluso, a funcionarios/as fallecidos/as. Por lo mismo, no se puede pedir a los recintos el cumplimiento de metas de un año normal.
En este marco, argumenta el texto legal, resulta trascendental canalizar los esfuerzos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, los Servicios de Salud Establecimientos de la Red, en la batalla contra esta pandemia. Es por esto que se estima pertinente intervenir los instrumentos de Control de Gestión Institucional que permitan, por un lado, responder adecuadamente a los mandatos legales respecto a los compromisos organizacionales y, por otro, no afectar a los funcionarios y sus asignaciones variables.
