La Comisión Investigadora de los actos de Gobierno, en particular de las autoridades competentes provinciales, regionales y nacionales, responsables de determinar y ejecutar las políticas de seguridad pública en la región de La Araucanía (CEI 54), abordó los hechos de violencia ocurridos el pasado 2 de agosto en la región.
Al respecto, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, afirmó que durante los meses de julio y agosto de 2020 se vivieron los periodos de mayor violencia de los últimos años en la Macrozona Sur, debido a la movilización que se generó por la huelga de hambre de diversos comuneros mapuches, donde se ocuparon edificios municipales de comunas de la provincia de Malleco.
Galli fue enfático en sostener que las autoridades fueron firmes en defender el Estado de Derecho y respaldar la acción de Carabineros, pues se actuó en defensa de la integridad física de las personas que se encontraban al interior de los municipios, más allá, incluso, de si aquellos estaban cometiendo delitos.
Además, indicó que muchos de los hechos de violencia fueron reivindicados por grupos identificados con los nombres de los comuneros que estaban privados de libertad.
“Ahí hay una confusión inaceptable de una manifestación de una causa, que puede ser legítima, pero por medios y vías violentas que no son legítimas, no son aceptables en una democracia y no son aceptables bajo el derecho de manifestación; por lo que hay que separar causas y medios”, afirmó.
Intendente regional
Por su parte, el Intendente de la Región de La Araucanía, Víctor Manolí, indicó que en la oportunidad se sostuvieron reuniones con los alcaldes para que ellos solicitaran el desalojo de los municipios y así evitar el enfrentamiento de civiles con carabineros.
“Cuando se solicitaron los desalojos, antes de cumplir las órdenes, en la Gobernación Provincial de Malleco ya se habían iniciado los daños, por lo que se usó “La Flagrancia”. Después, se produjo el desalojo por parte de Carabineros, pues los daños se habían iniciado. Así ocurrió en otros edificios públicos”, puntualizó.
Manolí indicó que la Intendencia Regional ha interpuesto varias querellas contra quienes resulten responsables por los daños que afectaron a las municipalidades de Curacautín, Victoria, Ercilla y Traiguén.
Asimismo, señaló que no se ha podido establecer la existencia de grupos civiles, motivados por razones raciales, que se hubieran organizado para desalojar los recintos municipales ocupados por comuneros mapuches.
Tras las exposiciones, el presidente de la instancia fiscalizadora, diputado Ricardo Celis (PPD), informó que citarán a la próxima sesión al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Ignacio Malig.
