La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados analizó, en conjunto con expertos y representantes del INDH, el estado de avance y dificultades en la instalación del Comité de Prevención Contra la Tortura, dentro del Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y las medidas que se han tomado al efecto.
En la oportunidad, se profundizó sobre los alcances del informe enviado por el Comité a los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto al tema, antecedentes que fueron expuestos por el abogado de este último organismo, Fernando Martínez, quien dio cuenta del proceso que se ha llevado adelante y de las dificultades principalmente administrativas que se han presentado.
En esa línea, Ana María Stuven, experta representante del Comité Contra la Tortura, afirmó que lo sui géneris de esta ley requiere de dinámicas de coordinación muy fluidas, “lo que no se ha podido dar desde el punto de vista burocrático y administrativo”.
Explicó que, por falta de personal, la coordinación no ha sido “ni eficiente ni efectiva”, a lo que se suma el hecho de que la autonomía del Comité es limitada, considerando que para todas sus funciones cuenta con solo 18 personas.
Asimismo, cuestionó el proceso de selección de las expertas, sosteniendo que estas no solo deben pertenecer a la Alta Dirección Pública, sino que deben tener como pre requisito, sensibilidad respecto del tema de los Derechos Humanos.
Informe 2020
En un segundo tema, la Comisión de Derechos Humanos recibió a Rodrigo Márquez, representante del INDH, quien expuso las conclusiones del informe 2020 elaborado por el organismo, referido al impacto de la pandemia en los DDHH, la revisión de los hechos y estrategias que se utilizaron para enfrentarlo.
Al respecto, precisó que la desigualdad cultural vuelve a hacerse presente respecto del efecto de la pandemia, ya que la emergencia “reveló una vez más la manera desigual en la que se han sentido los efectos de la crisis tanto sanitarios como económicos”, particularmente con aquellos sectores de mayor vulnerabilidad social.
Márquez sostuvo que surge la necesidad de entender la enfermedad como un desafío de derechos humanos y entender como estos están vinculados intrínsicamente al quehacer ciudadano en todos sus ámbitos, para abordar el problema de manera integral y efectiva.
Contratos de Tierras
Finalmente, en materia legislativa, la comisión rechazó la indicación formulada en la Sala por el diputado Leopoldo Pérez (RN), al proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer la imprescriptibilidad de la acción de nulidad absoluta de los contratos celebrados en contravención de las normas que protegen las tierras indígenas (boletín 12.457)
De esta forma, la iniciativa en primer trámite constitucional quedó despachada de la instancia y será informada a la Sala por la diputada Emilia Nuyado (PS).
