Por 134 votos a favor la Sala de la Cámara aprobó la resolución N°1443, que solicita al Ejecutivo informar sobre las gestiones realizadas en favor de los damnificados por el incendio ocurrido el 24 de diciembre de 2019 en los cerros Rocuant, Ramaditas y San Roque de la comuna de Valparaíso.
La resolución, presentada por Víctor Torres (DC); Jorge Brito (RD); Andrés Celis (RN); Marcelo Díaz (IND); Rodrigo González (PPD);Camila Rojas (Comunes); Osvaldo Urrutia (UDI) y María José Hoffmann (UDI), todos representantes de la zona, recuerda que el fuego alcanzó decenas de viviendas y que, en cuestión de minutos, se propagó con rapidez entre las quebradas y cerros.
El texto puntualiza que, en enero de 2020, el Ministerio del Interior declaró Zona de Catástrofe en los sectores antes mencionados. El decreto subrayó, además, la necesidad de seguir ejecutando programas y medidas para enfrentar la reconstrucción y rehabilitación de la zona incendiada, y recuperar la normalidad de los afectados.
Igualmente, el texto hace mención a la designación de Jorge Martínez Durán, Intendente de la Región de Valparaíso, como autoridad responsable, entregándole amplias facultades para adoptar y aplicar las medidas tendientes a solucionar los problemas que hayan surgido, o que se planteen, como consecuencia de la catástrofe, con la finalidad de procurar expedita atención a los damnificados.
En este sentido, la resolución solicita al Presidente de la República que abrevie la ejecución de planes, programas y subsidios dispuestos en ayuda de las personas afectadas, informando a la comunidad y, especialmente, a los vecinos afectados por la tragedia, los plazos y programas a ser ejecutados.
Asimismo, se pide que informe a la Cámara de Diputadas y Diputados el estado de avance y ejecución presupuestaria de los planes, programas y subsidios señalados precedentemente, indicando la cantidad de personas beneficiadas en cada uno de ellos, así como la cantidad de personas que han podido hacer efectivos los subsidios asignados.
Por último, se requiere que el Ejecutivo informe si el término del plazo dispuesto para el decreto de estado de catástrofe significará una afectación a los recursos o plazos dispuestos para los programas de recuperación.
