Con calificación de suma urgencia (15 días para el trámite legislativo), ingresó a trámite legislativo a la Cámara de Diputados el proyecto del Ejecutivo que crea el Servicio de Protección a la Niñez (boletín 12027).
La propuesta del Presidente Sebastián Piñera toma como referencia el espíritu del Acuerdo Nacional por la Infancia, el cual, justamente, se centró en la protección de la dignidad y de los derechos de todos los menores de edad que viven en nuestro país.
“Por lo mismo, se reconoció que la urgencia actual se encuentra en tomar acciones inmediatas para otorgar protección efectiva a aquellos niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos, especialmente aquellos que se encuentra hoy bajo el alero de los programas de la red del Servicio Nacional de Menores (Sename)”, se plantea en el mensaje.
Asimismo, se resalta que la propuesta da continuidad a lo ya realizado en materia legislativa y a los lineamientos de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 y su plan de acción 2018-2025 que, a su vez, se enmarcan en las obligaciones contraídas por Chile a propósito de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1990.
Se explica que el presente proyecto se fundamenta en la necesidad de impulsar una nueva institucionalidad en materia de niñez acorde con los nuevos tiempos; en remarcar el rol decisivo de la familia durante la niñez; y de propiciar una efectiva colaboración entre el Servicio y los demás organismos.
Fundamentos específicos del Servicio
El objeto del nuevo Servicio de Protección a la Niñez será la protección especializada de niños y niñas, entendida como la restitución del ejercicio de los derechos vulnerados debido a abusos o maltratos; así como la reparación de las consecuencias provocadas por dichas vulneraciones.
Este nuevo Servicio se dirigirá a la protección de los niños y niñas que han sido “gravemente” vulnerados y no a cualquier vulneración de derechos (constituirá vulneración grave lo que el Código Penal, la Ley sobre violencia intrafamiliar y las demás leyes respectivas definan). Se incluye en este marco el abandono o la negligencia grave.
En línea con lo anterior, se entiende que serán sujetos de atención los menores que hayan sido vulnerados en sus derechos debido a abuso o maltrato, incluyendo a sus familias, sean biológicas, adoptivas o de acogida, o a quienes tengan su cuidado, en los casos que corresponda. “Entendemos que la familia de los niños y niñas es un factor imprescindible en orden a lograr una reparación efectiva de las consecuencias de las vulneraciones de derechos”, se remarca.
Serán principios rectores del nuevo Servicio el interés superior del niño, su derecho a ser oído, la autonomía progresiva, el derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos, el fortalecimiento del rol protector de la familia y el derecho de los niños y niñas a su vida familiar.
El nuevo Servicio no estará a cargo de todas las necesidades que puedan tener los niños o niñas, ya que existen algunas áreas que son cubiertas especialmente por ministerios o servicios.
En esta línea, se establece una Comisión Coordinadora de Protección, la que tendrá como función la coordinación intersectorial de los órganos de la Administración del Estado que desarrollen acciones, prestaciones o servicios orientados a la protección de los derechos de los niños y niñas. Dicha comisión será convocada al menos cada dos meses y presidida por el director nacional del nuevo Servicio de Protección a la Niñez.
El proyecto también contempla programas especiales de apoyo dirigidos a los jóvenes que deben egresar de la institución al cumplir dieciocho o veinticuatro años en caso de estar estudiando.
Asimismo, el nuevo Servicio se hará cargo de los niños y niñas menores de catorce años que incurren en conductas delictuales, evitando su estigmatización pero a la vez ofreciendo programas de protección exclusivamente dirigidos a su reparación, en virtud de la complejidad de cada caso, y a su reintegración social, con el objeto de prevenir la cronificación o agravamiento de este tipo de conductas.
La iniciativa, además, elimina a las entidades coadyuvantes y exigirá que todas las personas, naturales o jurídicas, que desarrollen funciones que son objeto del nuevo Servicio, se constituyan necesariamente como colaboradores acreditados, sin perjuicio de que puedan voluntariamente rechazar el pago de la subvención correspondiente.
Por último, entre otros variados puntos, se registran cambios respecto de las familias de acogida; se promueven mejoras en el sistema residencial; se impone la exigencia de contar con personal capacitado e idóneo; se genera un sistema de supervisión; y se crea un Consejo de Expertos para la materia.
