Con 61 votos a favor, 9 en contra y 31 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 1268, que solicita al Presidente de la República que instruya al Ministerio de Bienes Nacionales para ejercer las facultades legales para incorporar al patrimonio estatal los terrenos no expropiados de la Hacienda Topocalma.
Con ello, se busca dar cumplimiento a los criterios del Sistema Internacional de Derechos Humanos, en materia de protección de los derechos de campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales, garantizando que la comunidad de pescadores artesanales, mariscadores y recolectores de orilla del sector Punta Topocalma pueda habitar y ejercer su oficio ancestral en ese territorio, ubicado en la comuna de Litueche, región de O’Higgins.
La resolución fue presentada por los diputados Gonzalo Winter (CS) y Camila Rojas (COMUNES), quienes explican el conflicto al que han estado sometidos los integrantes de la comunidad de pescadores artesanales, mariscadores y recolectores de orilla que han ocupado ininterrumpidamente, desde 1971, las aproximadamente 25 hectáreas en Topocalma, “con el reconocimiento expreso tanto de los propietarios anteriores de la Hacienda Topocalma, como del Estado de Chile”.
Entre los antecedentes que fundan esta solicitud, se recuerda que durante el proceso de reforma agraria se expropiaron los terrenos de la citada hacienda para entregarlos a las comunidades de pescadores que habitaban la zona, lo cual después fue revertido durante el gobierno militar, pasando la propiedad de dicha hacienda por diferentes dueños.
De la expropiación inicial quedaron fuera 25 hectáreas de zona costera, que son las que desde 1971 han ocupado esta comunidad, hecho que ha sido validado por el Estado en “actuaciones que constituyeron actos de uso y goce (…) como, por ejemplo, al aprobar y financiar tanto los planes de vivienda, como las actividades de pesca y turismo que ya por tres generaciones se han desarrollado en el lugar”.
No obstante, los legisladores mencionan que la “situación de hostigamiento a la que se han visto expuestos las y los miembros de esta comunidad -de parte de los actuales propietarios de los terrenos- ha alcanzado un punto alarmante”, debido a las acciones legales sostenidas para lograr el desalojo de la comunidad.
“La inminencia de un eventual resultado contrario al interés de las comunidades, expone a sus integrantes, todas y todos de la tercera edad, a un eventual desalojo que, además de comprometer gravemente su situación, contraviene los criterios del sistema internacional de derechos humanos y pone en riesgo el derecho de propiedad reconocido por el Estado de Chile, respecto de la zona que habita y en donde desarrolla su proceso productivo esta comunidad ancestral”. Por ello, concluye el texto, surge la necesidad que el Estado salvaguarde dichos terrenos.
