La Sala de la Cámara aprobó la resolución 1372, por 104 votos a favor, 18 en contra y 27 abstenciones, que busca el respaldo del Ejecutivo para la elaboración del leyes que den protección social y económica a funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad y sus familias, cuando sean víctimas de ataque en el ejercicio de sus funciones.
Entre sus fundamentos, el texto toma como ejemplo la muerte del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín Caniumil, de 24 años de edad, en La Araucanía, territorio que enfrenta una escalada de violencia, actos terroristas y la indefensión de las víctimas.
En el documento se plantea establecer una agenda pro-carabineros que posibilite un estatuto jurídico concordante a los tiempos actuales, fomentando mecanismos compensatorios a su ardua labor de resguardo de la seguridad, tanto durante el ejercicio de las funciones policiales de los miembros de la institución, como también a las consecuencias de orden familiar que la muerte en actos de servicio provoca.
Entre las propuestas de trabajo se propone abordar los siguientes aspectos:
- Otorgar asistencia psicológica, por el tiempo que sea necesario, al efectivo policial y su círculo más cercano, cuando este sufra algún ataque en el cumplimiento de sus funciones.
- Extender el ascenso por invalidez de oficiales de Carabineros, hacia el escalafón de suboficiales, de forma de proteger económicamente a funcionarios y familias, cuando el efectivo policial sufra ataques en el ejercicio de sus funciones.
- Aumentar el seguro de vida de Carabineros de Chile, de 12 a 24 meses, para ayudar económicamente a las familias de los funcionarios que fallezcan en servicio.
La propuesta fue presentada por los/a diputados/a de la UDI Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida, Javier Hernández, María José Hoffmann, Javier Macaya, Cristhian Moreira, Iván Norambuena y Osvaldo Urrutia.
