Discutir la situación que afecta a los derechos humanos en Venezuela y la posición que adoptará el Gobierno chileno en relación a ello, fue el objetivo de la sesión de Sala realizada la tarde de este miércoles 4 de noviembre, en la Cámara de Diputadas y Diputados.
En el tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 76 del Reglamento, hizo uso de la palabra el diputado Diego Schalper (RN), a nombre del comité solicitante de la sesión especial.
El parlamentario señaló que, hace tiempo que se estaba esperando por esta sesión, considerando que, según informes de Amnistía Internacional, el 14% de los ciudadanos venezolanos ha dejado ese país, muchos de los cuales han llegado a Chile.
“Este Congreso tiene una responsabilidad histórica con el pueblo venezolano, sobre todo después de dos informes emitidos por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, los cuales dan cuenta de violaciones a los derechos humanos, torturas, ejecuciones ilegales, detenciones arbitrarias y aparatos represivos”, precisó.
En virtud de lo anterior, llamó a condenar abiertamente estos hechos “sin matices ni doble estándar”. “Cuando yo veo a un sector de este Congreso intentando empatar con lo que ocurrió en Chile después del 18 de octubre, simplemente, estamos frente a algo que insulta a la inteligencia y que no tiene nada que ver con la realidad. Que este congreso demuestre que no somos cómplices pasivos de dictaduras sanguinarias”, planteó.
En el debate también participaron los diputados Boris Barrera (PC), Pedro Velásquez (IND), Issa Kort (UDI) y Tucapel Jiménez (PPD).
Ejecutivo
A nombre del Ejecutivo intervino el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, quien señaló que, para tener un marco general, hay que remitirse al mencionado informe de la alta comisionada de derechos humanos, de 2019, y a su actualización, de junio de este año.
Sobre punto, sostuvo que reviste especial preocupación el antecedente que da cuenta del registro de más de 2 mil muertes desde enero a agosto de este año en barrios marginales, cuyas víctimas son jóvenes opositores al régimen.
“Venezuela enfrenta una crisis institucional profundizada por su régimen político, que es una dictadura pura y dura. En el ámbito institucional no hay autonomía del Poder Judicial, lo que posibilita la impunidad. No hay un Poder Legislativo real, lo que tiene como resultado la concentración de poder en un gobierno que persigue a quienes son opositores”, afirmó.
En tal sentido, dijo que “es evidente que las elecciones parlamentarias para el mes de diciembre carecen de toda legitimidad y más se asemejan a una maniobra del Gobierno para lograr la consolidación de un régimen totalitario”.
Finalmente, Allamand precisó que, como Gobierno chileno, van “a seguir abogando por la democracia y el respeto de los derechos humanos y por una salida pacífica de esta crisis; velar por la realización de elecciones democráticas y libres, abogando para que la comunidad internacional sume esfuerzos, para lograr la vuelta de la democracia”.
“Continuaremos apoyando los informes sobre derechos humanos que emitan los organismos internacionales. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que las violaciones a los DDHH sean conocidas por la comunidad internacional, mientras que, en el plano interno, seguiremos fomentando el encuentro de las familias venezolanas que están en Chile”, finalizó.
Resoluciones
Finalizada la sesión se aprobaron dos resoluciones por intermedio de las cuales la Cámara condena las violaciones a los derechos humanos registradas en Venezuela.
De acuerdo a lo anterior, se acordó solicitar al Presidente de la República promover la intervención de los organismos internacionales competentes, tales como la Organización de Estados Americanos, de modo que se invoque la carta democrática y se fuerce medidas de apremio en contra de la dictadura de un modo eficaz y urgente.
Asimismo, que se solicite a la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, para que se ejecuten acciones concretas a nivel de este organismo internacional, en cuanto a la condena y otras medidas que se promueva en contra del gobierno venezolano.
Adicionalmente, se acordó manifestar, como Corporación, la disconformidad con la actual participación de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, solicitando al Presidente de la República que, en su calidad de jefe de Estado, requiera a la comunidad internacional su suspensión de dicha instancia hasta haberse acreditado el cese de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que allí se cometen.
