La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 133 votos a favor y una abstención, el informe de la comisión investigadora de los actos de gobierno en el ámbito de la autorización y regulación de la migración de extranjeros hacia Chile, en especial, su proceder ante hechos calificables como tráfico de migrantes (CEI 30).
La instancia, aprobada en mayo de 2019, surgió gracias a la solicitud de 66 diputados/as debido a las investigaciones administrativas y criminales, por parte de Cancillería y el Ministerio Público, por hechos que constituirían una red de tráfico de migrantes chinos hacia Chile, en la cual habrían participado autoridades de gobierno y funcionarios públicos.
Según los antecedentes del momento indicaban que se operaba mediante agencias de viaje que ofrecían a los ciudadanos chinos gestionar permisos definitivos de ingreso, de residencia y trabajo en Chile, a cambio de grandes sumas de dinero.
Entre las conclusiones aprobadas por la comisión investigadora se constata que la investigación penal y administrativa siguen en curso y no se pudo acceder a mayores antecedentes que los conocidos públicamente.
En cuanto a la prevención de los delitos que se investigan, se destaca la coordinación entre la Policía de Investigaciones (PDI) y los consulados para encauzar las pesquisas.
Se definió que la presencia de agregados policiales en consulados de Beijing e India permitió una retroalimentación más directa e inmediata. Asimismo, se conoció el proceso administrativo de entrega de permisos de turismo y residencia en el extranjero, acotando los plazos de investigación y advirtiendo situaciones extrañas que pueden constituir, en algunos casos, el delito de tráfico ilícito de personas.
Vinculado al punto anterior, se observó que los agregados policiales se han encargado de revisar todas las solicitudes de visas, dándoles un tratamiento especial, como verificar que las cartas de invitación al país sean auténticas.
Sobre las responsabilidades penales, se cotejó que Alex Brito, funcionario de la Cancillería, fue imputado por asociación ilícita y tráfico ilícito de migrantes. El texto indica que se lo involucra como gestor de las cartas de invitación de los ciudadanos chinos que llegaron al país, que conseguía con otras autoridades a lo largo de Chile o luego de reuniones con empresarios de varias regiones.
El informe agrega que, la génesis de asociación ilícita que se formó para el tráfico de migrantes aún se investiga. Sin embargo, como señaló el fiscal del caso en el momento de la formalización, se trata de crimen organizado, donde cada integrante de la red tenía una participación definida.
Además, se determinó que las visas irregulares entregadas en el exterior, se produjeron en el período pre y post natal de una funcionaria del consulado en Beijing, que a su regreso advirtió y denunció las irregularidades, lo que dejó de manifiesto la falta de control en la materia.
Finalmente, sobre los antecedentes entregados a la comisión por la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se constató que 381 ciudadanos chinos ingresaron a Chile con cartas de invitación fraudulentas. De ellos, 178 se fueron a Argentina, 110 poseen visa de residente en Chile, 33 están en tramitación de ellas y 60 se encuentran en situación irregular.
Propuestas de la Comisión
El informe de la comisión, que rindió el diputado Manuel Matta (DC), presidente de la instancia, también contempla un marco de propuestas sobre la materia.
Entre ellas, se plantea enviar al fiscal del caso, las actas del trabajo realizado con los oficios, documentos, declaraciones y testimonios recogidos en la investigación. A su vez, sugiere al fiscal, la importancia que reviste para la Cámara que los imputados que ejercían algún cargo público queden inhabilitados para ejercer, en lo futuro, una función de dicha naturaleza.
Se propone, asimismo, replicar el modelo de agentes consulares de la PDI y, por otra parte, instar a los funcionarios consulares a revisar más profundamente los antecedentes que presenten los ciudadanos que postulen al otorgamiento de una visa consular, en cuanto a autenticidad y veracidad de ellos. También se promueve a implementar nuevos mecanismos de control interno.
En el caso de una carta de invitación como requisito para el otorgamiento de la visa se insta a una mayor fiscalización, de modo que se compruebe si realmente son inversionistas los solicitantes, y, si son invitados a algún evento específico, se verifique que ese evento se realice en Chile.
Igualmente, se plantea relevar el trabajo coordinado entre la PDI, la Dirección General de Asuntos Consulares de la Cancillería y el Ministerio del Interior, para evitar que se genere en el país de origen un eventual delito de tráfico ilícito o trata de personas. Para ello, se propone la creación de una mesa técnica permanente de coordinación, integrada por un funcionario de cada una de las entidades mencionadas.
