La Comisión de Desarrollo Social aprobó y despachó a su par de Hacienda, el proyecto de ley (boletín 13.656) que busca facilitar y ampliar el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), texto que será también abordado en sesión especial de la Sala de la Cámara, a partir de las 19:00 hrs.
En primer lugar, el proyecto –cuya idea de legislar sumó la unanimidad de 13 votos a favor- modifica el Ingreso Familiar de Emergencia creado por la Ley 21.230, aumentando el universo de beneficiarios al eliminar el requisito de vulnerabilidad basado en el Instrumento de Caracterización Socioeconómica, requiriendo solo integrar el Registro Social de Hogares, del Ministerio de Desarrollo Social.
La iniciativa define que todos los hogares que cumplan con los requisitos que esta ley establece, tendrán derecho a recibir el Ingreso Familiar de Emergencia.
Asimismo, se indica que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia deberá promover que todos los hogares que cumplan con las condiciones legales accedan al beneficio de la forma más expedita posible, haciendo uso de las facultades y atribuciones que esta ley les otorga para facilitar la concesión de la prestación a todos los hogares potencialmente beneficiarios. Las solicitudes solo podrán ser rechazadas por motivos fundados y que digan relación, únicamente, con el incumplimiento de los requisitos legales.
Mediante resolución exenta dictada por la Subsecretaría de Evaluación Social, visada por la Dirección de Presupuestos, se establecerá la forma de verificación de los requisitos establecidos en esta normativa.
Otras normas
Otra modificación suprime el requisito establecido en la propia ley, que exigía a los hogares beneficiarios pertenecer al 80% más vulnerable de acuerdo con el Indicador Socioeconómico de Emergencia. Además, para acreditar los ingresos de los hogares que soliciten el beneficio se utilizará solo la información declarada por estos.
Por otra parte, el texto elimina cualquier referencia al Indicador Socioeconómico de Emergencia y, también, la obligación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de contrastar la información declarada por los solicitantes con aquella contenida en el Registro de Información Social.
El citado Ministerio, a través de la Subsecretaría de Servicios Sociales, podrá tomar contacto con aquellas personas que hayan solicitado el Ingreso Familiar de Emergencia y que no lo hubiesen percibido, por no cumplir con uno o más de los requisitos para ser beneficiarios, de dicho aporte, para informarles acerca de la posibilidad de actualizar sus ingresos. Lo anterior, para efectos de poder acceder al beneficio y a los aportes que procedan en virtud de dicha actualización.
La Subsecretaría de Servicios Sociales deberá resolver las reclamaciones de las que conozca, en un plazo máximo de quince días hábiles. Si transcurrido este plazo la Subsecretaría no se hubiere pronunciado respecto de la reclamación, la solicitud del interesado se entenderá aceptada y el hogar respectivo será incorporado en las nóminas.
Las normas transitorias del proyecto establecen que las modificaciones establecidas serán aplicables, como regla general, para el pago del tercer aporte y siguientes del Ingreso Familiar de Emergencia. No obstante, las enmiendas al proceso de reclamación se aplicarán para el pago del segundo aporte en adelante.
Para quienes hayan solicitado el tercer aporte con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y no hayan actualizado sus ingresos, se ordenará el pago de dicho beneficio tomando en consideración la última información disponible en el Registro de Información Social. En concreto, si la postulación ya se hizo, se basará en la información disponible en dicho registro en los casos que no se actualicen los ingresos.
Por último, el texto consigna que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley se financiará con cargo a los recursos provenientes de la partida presupuestaria Tesoro Público.
Exposiciones
Antes de la votación general, la Comisión de Desarrollo Social escuchó exposiciones de la presidenta del Instituto Igualdad, Clarisa Hardy; del académico de la Universidad Viña del Mar, Roberto Gormaz; y de Luis Díaz (cuya ponencia también representó a Heidi Berner, exsubsecretaria de Evaluación Social).
En la jornada también participaron los subsecretarios de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal; de Evaluación Social, Alejandra Candia; y el ministro de Desarrollo Social y Familia, Cristián Mönckeberg.
