El 16 de octubre del año 2012 se presentó un proyecto de reforma constitucional de los entonces senadores Hernán Larraín, Andrés Zaldívar, Camilo Escalona y Jovino Novoa, que buscaba establecer la obligación de las autoridades del Congreso Nacional de rendir una cuenta pública anual de su gestión durante el mes de julio, que coincide con el aniversario del primer Congreso Nacional, el 4 de julio de 1811.
La moción resaltaba las numerosas instituciones que fueron estableciendo la obligación de dar a conocer el desarrollo de sus funciones y destacaba en ello a las cuentas ya desarrolladas en los poderes Ejecutivo y Judicial.
Sin embargo, enfatizaba el texto, no dejaba de sorprender en dicho análisis que el Congreso Nacional no estuviese legalmente sometido a esta misma obligación o que los propios integrantes del Senado y de la Cámara no tuviesen ese deber entre sus obligaciones ante la gente.
La normativa cumplió todos sus trámites legislativos después de ser analizada en ambas cámaras y fue promulgada el 13 de julio de 2015, convirtiéndose en ley de la República.
Fue así como el 21 de julio de ese año se realizó la primera Cuenta Pública del Congreso Nacional. Un hecho histórico que se instaló como una práctica de transparencia y que fue encabezada por los Presidentes de la época del Senado, Patricio Walker, y de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, ante el Congreso Pleno y con la presencia de la Presidenta Michelle Bachelet.
Desde esa fecha, anualmente, los parlamentarios que dirigen las respectivas ramas del Parlamento chileno dan a conocer al país el número de leyes despachadas, el trabajo realizado durante el periodo y las medidas de probidad, transparencia y gestión. Pero también, la oportunidad se aprovecha para la autocrítica, en un balance anual que desde hace seis años se ha convertido en un nuevo hito republicano para el país.
