Analizar la forma como se ha implementado la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la manera como se han aplicado las resoluciones exentas del Ministerio de Desarrollo Social fueron parte de los objetivos de la sesión especial de la Cámara de Diputados celebrada este martes 14 de julio, en la cual participó el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg.
La convocatoria, además, se enfocó en la variación de los porcentajes de vulnerabilidad económica de familias o personas que no han actualizado su información en los registros; y en las razones que explican el empeoramiento de los porcentajes de vulnerabilidad socioeconómica de familias o personas que, habiendo actualizado su información, han perdido su fuente de ingresos formales.
Abrió el debate el diputado Diego Ibáñez (PCS), quien señaló que ante el deterioro del mercado laboral, a causa de la pandemia de Covid-19, se han presentado soluciones “extremadamente focalizadas” que no logran paliar el problema social generado.
El parlamentario precisó que “la burocracia en la asignación del beneficio ha significado un retraso en la entrega de los recursos, lo que no ha disminuido la movilidad en las calles de las personas de menores recursos, sino que, por el contrario, ha aumentado su incertidumbre”.
Le siguieron los/as diputados/as RN Andrés Longton, Sebastián Torrealba y Jorge Rathgeb; DC Jorge Sabag e Iván Flores; PS Jaime Naranjo; PC Boris Barrera; PPD Andrea Parra; RD Pablo Vidal; UDI Patricio Melero; independiente Karim Bianchi; PH Florcita Alarcón; FRVS Alejandra Sepúlveda; y Evópoli Andrés Molina, quienes coincidieron en la necesidad de agilizar el Registro Social de Hogares, el Indicador Socioeconómico de Emergencia y, en general, las políticas de estratificación social.
Continuando con la sesión, el ministro Cristián Monckeberg remarcó la voluntad del Gobierno para mejorar el sistema que, reconoció, ha presentado falencias, “debido a la magnitud del problema que se enfrenta”.
Al respecto, informó que se determinó realizar un traspaso de fondos a los municipios, para que estos refuercen sus equipos de trabajo durante el proceso de activación o actualización del Registro Social de Hogares.
“Estamos haciendo lo humanamente posible para que el ingreso social de emergencia llegue de manera oportuna a las familias que tanto lo necesitan”, indicó.
Resoluciones aprobadas
Tras la intervención del secretario de Estado, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un total de siete resoluciones, por intermedio de los cuales se solicita al Ejecutivo la adopción de una batería de medidas:
- Instruir al Ministerio de Desarrollo Social para que, por la vía administrativa, agilice, en el más breve plazo, la periódica y permanente actualización de la calificación socioeconómica de los hogares, por lo que dure la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.
- Que se modifique el Registro Social de Hogares incorporando factores que den cuenta de la opinión técnica de organizaciones sociales y juntas de vecinos.
- Que se envíe un proyecto de ley con el fin de condonar las deudas de créditos universitarios a los funcionarios, técnicos y administrativos que trabajan y cumplen funciones remuneradas en los distintos servicios de salud pública durante la pandemia.
- Enviar al Congreso una nueva ley de ingreso familiar, que responda los desafíos de la pandemia y que tome medidas para transparentar el indicador socioeconómico del Ingreso Familiar de Emergencia.
- Informar a través de la plataforma virtual cómo es el funcionamiento del Índice Socioeconómico de Emergencia y cuáles son los antecedentes que se tuvieron a la vista para asignarle un tramo de ingresos a un determinado hogar, esto en cumplimiento de los lineamientos de transparencia que informan a todo órgano público.
- Descentralizar el Registro Social de Hogares, con el objetivo de que las actualizaciones se lleven a cabo de manera íntegra en la región del postulante, eliminando el proceso mediante el cual los datos tienen que ser enviados y revisados por el Gobierno Central.
- Solicitar la adopción de medidas que permitan abordar un mayor número de familias, a través de mecanismos más expeditos y efectivos, procurando de esta manera un acceso más oportuno a este beneficio.
