La Comisión de Constitución continuó con el estudio del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social (boletín 13.588).
En el marco del estudio del citado proyecto, la instancia recibió, en primer término, las exposiciones de Mauricio Fernández y Luis Toledo, del Ministerio Público, jefes de las Unidades Especializadas en Lavado de Dinero y en Tráfico Ilícito de Estupefacientes, respectivamente.
Ambos personeros manifestaron la opinión contraria a la propuesta legal, que cambia calidad por cantidad para definir la ocurrencia o no de consumo personal exclusivo, ya que las organizaciones criminales dosifican la droga para eludir el delito mayor. Además, enfatizaron la necesidad de agilizar la liquidación de activos de modo que esos recursos puedan ser administrados, en parte, por las policías, especialmente los vehículos; y, destacaron, la posibilidad de aumentar la oferta de laboratorios para el análisis químico de las drogas.
Por su parte, el Defensor Nacional Público, Andrés Mahnke; junto al jefe del Departamento de Estudios de la Defensoría, Rubén Romero, también abordaron en su exposición el concepto “calidad o pureza de la droga” que la propuesta legal cambia por “cantidad de la droga o las dosis”. La modificación la consideraron determinante, ya que a mayor pureza, existe mayor cercanía con el origen de distribución de las sustancias ilícitas y, por ende, con la posibilidad de dosificación y abultamiento de la droga.
Montos de incautaciones
El general Esteban Díaz, Director de Control de Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, se mostró partidario de la enajenación temprana de activos que plantea la iniciativa. A modo de ejemplo, indicó que, solo en los últimos cinco años, han incautado 1.593 vehículos y 4.644 millones de pesos en efectivo. Respecto de incluir sus laboratorios como parte de los que realizan los análisis de drogas, precisó que no cuentan con personal ni equipamiento necesario. En términos de costos, han calculado que implementar cinco laboratorios en regiones representan un gasto de tres mil millones de pesos.
En representación de la PDI expuso el Jefe Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Leonardo Torres, quien informó a la comisión que en los últimos tres años han incautado 17 mil 300 millones de pesos (7 mil 300 en 2018, 6 mil millones en 2019 y 4 mil millones en lo que va de 2020) en especies a organizaciones del narcotráfico. En este punto se mostró contrario a que sea el Senda quien determine la distribución de los recursos incautados.
A su vez, pidió incorporar a abogados y contadores dentro del listado de personas naturales y jurídicas obligadas a informar sobre operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.
El director ejecutivo de Chile 21, Eduardo Vergara, sostuvo que Chile tiene un modelo de persecución del narcotráfico que no ha logrado disminuir ni el tráfico ni el consumo y que solo ha sido eficaz en desarticular los eslabones más débiles de la cadena delictual. Añadió que la legislación debiera plantear como objetivo el bien superior a resguardar y distinguir los tipos de consumidores. Vergara concluyó precisando que las policías no necesitan más recursos sino ser más eficientes en su uso.
Finalmente, la instancia parlamentaria escuchó al profesor Rodrigo Medina, quien abordó una serie de inconsistencias del proyecto de ley, entre ellas, entregar mayores facultades a las policías sin que avance primero su modernización; las infracciones, a su juicio, al debido proceso en las enajenaciones tempranas, y la eliminación que hace el gobierno de los conceptos calidad y pureza.
Foto: Carabineros de Chile
