Con la participación de Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, la Comisión de Constitución prosiguió con el estudio del proyecto que sanciona a quienes incrementen el precio de ciertos bienes o comercialicen aquellos destinados a distribución gratuita, durante la vigencia de un estado de excepción constitucional, situaciones de alerta sanitaria o emergencias similares (boletín 13.424).
El proyecto, originado en una propuesta del diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), tiene como objetivo evitar alzas de precios en bienes básicos, que perjudiquen a los consumidores en medio de un escenario de crisis como una pandemia, cuando estos incrementos superen el 20% del precio anterior.
Sobre el contenido de la propuesta, Mauricio Fernández valoró que el texto se haga cargo de debilidades que tiene el tipo penal que sanciona alteraciones de precios en contexto de catástrofe y coincidió en la necesidad de una reforma.
“Hoy día, las dos fijaciones de precios existentes, en contexto de catástrofe, son los precios asociados a los exámenes de PCR y de arriendo de espacios para residencias sanitarias, en el marco de una disposición de índole administrativa dictada por la autoridad sanitaria. Creemos que ahí hay una oportunidad de mejorar el mecanismo de fijación de precios”, señaló.
En esa línea, la instancia analizó una indicación propuesta por el diputado Jorge Alessandri (UDI) que plantea que el organismo encargado para revisar las investigaciones, que sanciona el alza de precios en alerta sanitaria, sea la Fiscalía Nacional Económica.
El legislador sostuvo que no cree que el proyecto logre el objetivo propuesto, pero que esperan se aprueben estas referencias y que sea dicho organismo el encargado de investigar.
Por su parte, el presidente de la Comisión, diputado Matías Walker (DC), informó que en la próxima sesión analizarán las propuestas que enviará el Ministerio Público, con el objeto de iniciar la votación en particular junto con las indicaciones que presenten los parlamentarios.
Fundamentos del proyecto de ley
La moción parlamentaria recuerda que en nuestro ordenamiento constitucional existen cuatro estados de excepción, siendo el estado de catástrofe en caso de calamidad pública el que ha sido de mayor recurrencia en los últimos años, atendida la gran cantidad y variedad de desastres naturales a los que se encuentra expuesto nuestro país.
Frente a estos estados de catástrofe existe una regulación en materia de precios en medio de la crisis, contenida en el artículo 5º de la Ley 16.282, que sanciona a quien comercialice sobre el precio oficial alimentos, vestuarios, herramientas, materiales de construcción, productos, medicamentos y artículos farmacéuticos de uso en medicina humana y veterinaria, menaje de casa, combustibles, jabón y bienes que sirvan para el alhajamiento o guarnecimiento de una morada, o condicionen la venta a la adquisición de otras mercaderías.
Sin embargo, al no existir la institucionalidad que fije los precios oficiales en los términos del tipo penal antes descrito, la norma carece de aplicabilidad y de una respuesta penal o infraccional; lo que se hace particularmente necesario tratándose de situaciones de emergencia.
