La Comisión de Derechos Humanos, en sesión mixta presencial y telemática, escuchó a la directora (S) del Servicio Nacional de Menores (Sename), Claudia De la Hoz; al ministro de Justicia y DD.HH., Hernán Larraín; y a la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quienes presentaron acciones y propuestas para evitar hechos de violencia y abuso sexual infantil en menores que están bajo régimen de protección del Estado.
Según se informó en la sesión, el material recopilado por estos y otros testimonios servirá para un informe que prepara sobre el tema el grupo parlamentario que preside la diputada Emilia Nuyado (PS).
En primer lugar, Claudia De la Hoz se refirió al Plan de Fortalecimiento del Sename en la región del Biobío, que se ha adoptado luego de conocerse casos de vulneración sexual en residencias de Hualpén y Curanilahue.
Asimismo, relató las acciones que se han implementado, entre ellas: sistematizar y analizar las observaciones externas que han sido realizadas por el Poder Judicial, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez; analizar los factores gatillantes de vulneraciones; implementar un sistema de registro de eventos críticos; revisar las causas de susceptibilidad y el debido proceso en casos de adopción; y mantener la comunicación con las familias sobre las decisiones judiciales al respecto.
Además, la directora (S) del Sename indicó que están en un proceso de transición de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) a las residencias familiares y que están fortaleciendo el cuidado alternativo de los menores en familias de acogida. Igualmente, informó que trabajan con el Ministerio de Justicia en reuniones semanales y visitas en terreno.
Ministerio de Justicia
El ministro Hernán Larraín se refirió a las medidas que incluye el plan de fortalecimiento, luego de lo ocurrido en la residencia Nido de Hualpén. Dijo que se está evaluando la situación de la región del Biobío, con énfasis en la supervisión. Para ello, participan el mundo académico, a través de las universidades de Concepción y de la Santísima Concepción, y la Unicef, en una labor ad honorem en pro de aportar al bienestar de la infancia y la adolescencia bajo la tutela del Estado.
La autoridad sostuvo que harán un seguimiento de las denuncias que han presentado ante el Ministerio Público y verificar si existen resultados en los procesos judiciales o si los casos han sido archivados.
Precisó que están sistematizando las querellas interpuestas por el Sename y por el programa especializado “Mi Abogado”, que busca la restitución de los derechos vulnerados. Destacó que este programa depende de la Corporación de Asistencia Judicial y cuenta con 200 profesionales en 10 regiones del país, en tanto que, en las seis regiones restantes, la contratación de abogados está detenida en el marco de la pandemia. Acotó que, hasta el momento, se han tramitado más de 6 mil causas de niños/as en residencia y en familias de acogida.
Posteriormente, Hernán Larraín se refirió a los avances del Acuerdo Nacional de la Infancia, con las leyes ya aprobadas y pendientes de su tramitación; los compromisos que contribuyen a la prevención de hechos de vulneración que son parte de la respuesta del Estado al Comité de los Derechos del Niño; y la nueva institucionalidad con los dos Servicios que reemplazarán al Sename y la nueva Ley de Adopción que se encuentra en tramitación.
Defensoría de la Niñez
La defensora de la Niñez manifestó los enfoques para evitar vulneraciones contra niños, niñas y adolescentes: prevenir la vulneración al interior de los Centros, acciones a corto plazo (que fueron expuestas anteriormente por el Sename y el ministro) y cambio estructural en el sistema.
En el primer aspecto, indicó que se debe entregar a la Defensoría la supervisión o fiscalización externa para visitar las residencias de protección y de privación de libertad de los menores. Informó que dicha atribución está vigente a través de la Ley 21.067, pero resaltó que han tenido el rechazo permanente en el presupuesto de la Nación para contar con personal a nivel nacional para desempeñar esa tarea.
Por otra parte, Patricia Muñoz llamó a la Subsecretaría de la Niñez a tomar medidas concretas de prevención de vulneración de derechos, tarea que también le corresponde por ley, e interactuar directamente con el Sename. Además, instó al Servicio a supervisar de forma igualitaria a centros de administración directa, colaboradores y coadyudantes, ya que estos últimos tienen menor fiscalización.
Por último, llamó a mejorar los protocolos de denuncia al interior de las residencias, que protejan el anónimato de niños, niñas y adolescentes, y que les de seguridad de que no existan represalias contra ellos.
Para una próxima sesión, quedó pendiente la exposición de la Fiscalía Nacional.
