La Sala de la Cámara aprobó la resolución 1121, por 134 votos a favor y 16 abstenciones, que pide al Ejecutivo informar tanto a esta Corporación como a la Comisión Mixta de Presupuestos, el detalle de la utilización de los recursos del 2% constitucional que se destinaría a inversiones y gastos en salud producto de la pandemia por Covid 19.
En particular, el texto impulsado por el diputado Luis Rocafull, en representación de la bancada PS, pide informar la cuantía de los recursos de cada asignación y su origen: si corresponden a reasignaciones, endeudamiento o son recursos de los fondos soberanos.
Asimismo, desglosar el gasto a nivel nacional y por región destinado a compras de insumos médicos, refuerzo de personal médico, compra de respiradores mecánicos, además de los gastos que se han hecho por instituciones centralizadas como la Cenabast, desde enero del presente año; como también antecedentes sobre las reasignaciones presupuestarias, en especial si se han utilizado recursos provenientes de endeudamiento y el detalle de la disposición de los fondos soberanos y su destino.
Además, un detalle de la ejecución de los recursos destinados para el pago del “Bono Covid”, establecido en la Ley 21.225, señalando cuánto se ha gastado hasta la fecha, cuánto resta por gastar y a cuántos beneficiarios se les ha hecho llegar el señalado bono; y el origen presupuestario y distribución de los 100 millones de dólares que serían traspasados a los municipios en el contexto de la emergencia.
En los argumentos que dan sustento a esta resolución se indica que el desafío sanitario y económico para paliar esta crisis son gigantescos, con un escenario incierto a nivel mundial en materia de recesión económica y donde la priorización de los esfuerzos estatales debe centrarse en la protección de la salud y de la seguridad, personal y económica de los chilenos y chilenas.
Agregan que la cooperación del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo en este contexto debe ser fluida y abierta y que como órganos colegisladores este año adhirieron a la agenda de mejor gasto público y, por ello, resulta imprescindible que el Congreso Nacional cuente con toda la información necesaria sobre la ejecución del gasto público, con el fin de generar mejores herramientas para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en su conjunto.
