Luego de dos votaciones y en línea con lo planteado por la Comisión de Economía, la Sala de la Cámara rechazó en su totalidad, las modificaciones del Senado al proyecto que perfecciona diversos textos legales para promover la inversión (boletín 11.747).
En un primer bloque, se rechazaron, por 50 votos a favor, 88 en contra y 11 abstenciones, el grueso de los cambios; mientras que por medio de una segunda votación, se descartaron las enmiendas cuya votación separada fue solicitada.
En orden a lo anterior, las diferencias con el Senado deberán ser abordadas en una comisión mixta en la que la Cámara será representada por los diputados Harry Jürgensen (RN), Joaquín Lavín (UDI), Jaime Naranjo (PS), Gabriel Silber (DC) y Boris Barrera (PC).
Cabe recordar que, en términos generales, el proyecto de ley, iniciado en mensaje del Ejecutivo, tiene por objeto generar un ritmo atractivo de inversión en el país, fortaleciendo la competitividad y productividad de la economía, equilibrando la certeza jurídica y la agilidad y rapidez que demanda la ejecución de proyectos productivos complejos y de crucial importancia, simplificando los procedimientos.
Los cambios del Senado vinieron a afectar el grueso del texto legal que perfecciona la Ley de Bases Generales del Medioambiente, la Ley que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Código de Aguas y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Punto del debate
En el debate, diputados de oposición manifestaron que están por reducir la burocracia en la tramitación de proyectos de inversión, pero no relajando la institucionalidad pública de evaluación ambiental, ya que muchas iniciativas pueden tener efectos negativos en algunas comunidades. Asimismo, dijeron no compartir el criterio de externalizar servicios que se realizan, particularmente, en el tema del agua.
Uno de los puntos que contó con más controversia es la modificación al artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medioambiente, que hace referencia a qué proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, deberá someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.
En ese artículo, el Senado agregó en su letra c) a centrales o plantas generadoras de energía eléctricas “mayores a 3MW y aquellas de menor magnitud que establezca el reglamento”, en reemplazo del texto de la Cámara que no diferenciaba magnitudes.
La redacción fue impugnada incluso por el Ejecutivo en las voces de los ministros de Economía, Lucas Palacios –que intervino en la Sala- y Energía (S), Francisco López (que intervino en la Comisión). A su juicio, la norma definida por el Senado burocratiza y encarece las instalaciones de pequeña escala. Además, pondría más exigencias a pequeños proyectos de generación de energías renovables, que a proyectos de mayor capacidad, lo que generaría más demoras en la tramitación.
Otras modificaciones
En el ámbito medioambiental, también se regula el tema de las pertinencias a nivel legal; se refuerza al SEIA como ventanilla única en relación a los permisos ambientales; se establece el plazo de caducidad de la resolución de Impacto Ambiental frente a procesos administrativos o judiciales, el que se suspenderá por un plazo máximo de tres años; y se permite modificar los planes de prevención y descontaminación ambiental.
En lo que respecta a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Senado determinó que las municipalidades por medio del asesor urbanístico o el director de Obras Municipales, en su defecto, puedan efectuar rectificaciones al plan regulador comunal vigente, cuando ellas tengan por finalidad esclarecer, puntualizar, concordar, corregir y/o actualizar errores manifiestos de forma de dichos planes, en conformidad con la normativa aplicable.
Además, se introdujo que la Dirección de Obras Municipales se encuentre en línea, pasando de la tramitación de los permisos urbanísticos en soporte físico o papel, al soporte digital.
Otro punto que eliminó el Senado es la modificación que realizó la Cámara al Código de Aguas.
