Disponer la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia de Covid-19 (boletín 13378), es el objetivo del proyecto que encabeza la tabla de la Sala de la Cámara.
La propuesta, en primer trámite legislativo, será analizada a la luz del informe de la Comisión de Educación que rendirá ante el Hemiciclo el diputado Juan Santana (PS).
El texto dispone que, a raíz de la emergencia de salud pública por brote del Covid-19, las instituciones de educación superior deberán elaborar un plan de medidas extraordinarias que tenga como objetivo apoyar la continuidad de la formación de sus estudiantes, que deberá incluir, a lo menos, las medidas académicas y económicas que se deberán tomar durante el año 2020, haciendo especial énfasis en aquellas que se adoptarán respecto de los estudiantes que acrediten que su situación socioeconómica se ha visto menoscabada.
Las instituciones tendrán un plazo de un mes desde la publicación de esta ley para la presentación del plan (el que quedará sujeto a la fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior), el que será de carácter público y difundido a través de la página web institucional u otro medio idóneo.
Además, se indica que no se podrán aplicar sanciones por el incumplimiento del pago de arancel y derechos básicos de matrícula, cualquiera sea su denominación, o condicionar la prestación del servicio educativo al pago de estas, a los estudiantes de educación superior que cursen carreras y programas de estudios de carácter presencial, semipresencial o a distancia, conducentes a los títulos de técnico de nivel superior, profesional y licenciado.
Otras propuestas en tabla
En segundo lugar, la tabla de la Cámara de Diputadas y Diputados contempla discutir las modificaciones del Senado al proyecto que perfecciona diversos textos legales para promover la inversión (boletín 11747), respecto del cual se presentará el informe de la Comisión de Economía que entregará el diputado Boris Barrera (PC).
Dicho texto expone que no hubo un criterio unánime al interior del grupo parlamentario respecto a cómo abordar los cambios implementados durante el segundo trámite. La mayoría de los legisladores (todos de oposición) optó por recomendar el rechazo de todas las enmiendas; mientras que el grueso del oficialismo prefirió sugerir solo enviar a comisión mixta las modificaciones al artículo 10 de la Ley de Bases Generales del Medioambiente.
Cabe mencionar que los cambios del Senado vinieron a afectar, además de la Ley de Bases Generales del Medioambiente, las disposiciones que perfeccionan los siguientes cuerpos legales: el que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Código de Aguas y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Finalmente, en tercer lugar de la tabla se ubica el proyecto que prorroga el mandato de los directorios de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, debido a la pandemia producida por el Covid-19.
Para discutir esta propuesta (boletín 13420) se tendrá presente el informe de la comisión mixta que vino a resolver la diferencias sobre esta materia entre la Cámara y el Senado.
