La Comisión de Gobierno Interior se reunió de manera presencial y telemática para analizar el tema de la distribución de dos millones y medio de cajas de alimentos que el Ejecutivo anunció se entregarían a familias de sectores vulnerables y de clase media necesitada, cuya ejecución se encuentra en curso a lo largo del país.
Para este debate se esperaba contar con la presencia del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien se excusó (mediante una carta), pero que comprometió responder las inquietudes lo antes posible.
La presidente de la instancia legislativa, diputada Joanna Pérez (DC), expresó su molestia, ya que, por tercera vez, el Ejecutivo no se presentó a la Comisión para abordar el tema que, a su juicio, debiera abarcar protocolos sanitarios en la entrega, para evitar las aglomeraciones que se han visto los últimos días, y de confidencialidad.
Además, dijo que espera que el Gobierno se pronuncie sobre temas éticos y de posible proselitismo político, por denuncias que se han hecho.
El diputado Pedro Velásquez (IND) señaló que existe preocupación y molestia por la falta de entrega de la información requerida al Ejecutivo referente a todo el proceso de compra y distribución de las canastas: a quién se le compraron, si hubo licitación, el sistema de transporte que se está utilizando, cuánto es el costo y cuándo llegarían las cajas de mercadería a zonas apartadas.
“Nosotros señalábamos- al Ejecutivo- que, mejor sería, que el valor de la caja más el valor del flete se le depositara a cada familia y ellas adquirieran cada producto”, planteó el legislador.
Deber de denuncia
Posteriormente, la Comisión continuó la discusión general del proyecto, de origen en moción, que modifica la Ley 18.838, sobre Estatuto Administrativo, para promover la denuncia por parte de los funcionarios de los delitos y otros hechos de los que tengan conocimiento (boletín 13.115).
En la reunión, escucharon la opinión, respecto de la propuesta en trámite, de representantes gremiales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef); y de la Federación Nacional de Trabajadores Municipales de Chile (Fentramuch).
El diputado Andrés Longton (RN) indicó que la norma busca proteger los derechos de los funcionarios cuando realizan denuncias y cuando se les realizan sumarios e investigaciones sumarias.
“Hoy en día, hay una desprotección de los funcionarios que denuncian y hay un incentivo muy bajo para que den a conocer las irregularidades, por las consecuencias que ello puede tener”, explicó el legislador.
El diputado Longton contó que seguirán con las audiencias y adelantó que asistirán representantes de la Asociación Nacional de Municipalidades y académicos expertos en el tema.
