En sesión telemática, la Comisión de Economía de la Cámara recibió el testimonio de expertos en materia de libre competencia, quienes coincidieron en apoyar el accionar de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), al tiempo que valoraron las nuevas herramientas que le entrega el proyecto en trámite, que fortalece la investigación y persecución de carteles y aumenta las penas para los infractores (boletín 13312).
El exfical nacional económico, abogado Felipe Irarrázabal, dijo que las nuevas atribuciones planteadas en la propuesta legislativa son un aporte para el trabajo de la FNE. Además, defendió mantener la tutela penal en esta entidad, pese a la pretensión del Ministerio Público de poder actuar en forma paralela.
Irarrázabal recordó que las atribuciones de la FNE, en materia penal, recién salieron a la luz en 2016, por lo que pidió dar tiempo a que el organismo actúe, especialmente considerando que los casos que se persiguen son muy complejos y requieren de un alto nivel probatorio. “Dejen madurar lo que el Congreso Nacional aprobó en 2016. Tres años y ocho meses no son suficientes”, insistió.
Además, apeló a la independencia de los funcionarios de la FNE, a la experiencia de 60 años en la persecución de carteles y al éxito de sus operaciones. En particular sobre estos dos últimos puntos, planteó que la entidad mantiene una amplia ventaja respecto del Ministerio Público.
El también abogado Jorge Grunberg, quien posee amplia experiencia académica y litigante en materia de libre competencia, dijo que el proyecto de ley está bien planteado y, al igual que el anterior, remarcó que los casos perseguidos son complejos y requieren de una institución sólida y con experiencia que pueda llevarlos a buen término. Desde ese punto de vista, consideró que la Fiscalía Nacional Económica ha estado a la altura de las circunstancias.
Estimó que, para modificar la actual norma y trasladar al Ministerio Público la tutela penal en materia de libre competencia, se requeriría constatar un fracaso en el accionar de la FNE, situación que no ha ocurrido. Evaluó que entregar esta facultad al Ministerio Público sería un retroceso respecto de lo construido durante estos años en materia de normativa anticolusión y tendería a socavar la efectividad de la figura de la delación compensada.
Francisco Agüero, Álvaro Díaz y LyD
El profesor de la Universidad de Chile, el abogado Francisco Agüero, fue coincidente con las opiniones anteriores, tanto en la defensa de la FNE como en mantener en ella la tutela penal. “El sistema ha funcionado bien y una disputa entre los organismos no favorecería, sino que entorpecería”, acotó.
Respecto del proyecto, consideró que sigue la senda de mejorar la persecución de carteles por medio de mejores técnicas y herramientas de que podrá hacer uso la Fiscalía Nacional Económica. Igualmente, entregó a los/a parlamentarios/a algunas propuestas de perfeccionamiento del texto, por ejemplo, para definir una norma expresa sobre interrupción de la prescriptibilidad del delito mientras dure la investigación.
El exsubecretario de Economía, Álvaro Díaz, estimó que “el proyecto es un paso en la dirección correcta” y complementario al texto que le tocó tramitar durante el periodo en que estuvo a cargo de la Subsecretaría y que dio a lugar a la Ley 20.945, de 2016, que le entregó mayores facultades a la FNE, entre ellas, la tutela penal.
El doctor en Economía llamó sí a introducir otras materias no contempladas en la propuesta, como es posibilitar la persecución de culpabilidad (si la hubiese) de los dueño de las empresas involucradas en un cartel; considerar la potencial concentración de plataformas digitales; y evaluar los algoritmos digitales para comparar precios como una posible vía de coordinación para su fijación.
Finalmente, en representación del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), John Henríquez, hizo un relato de la historia legislativa relacionada con la libre competencia y relevó en este ámbito la propuesta en trámite, dado que entrega nuevas atribuciones al ente persecutor.
En todo caso, pidió reconsiderar definir una agravante para los bienes y servicios de primera necesidad y, en materia penal, llamó a no afectar de manera alguna a la delación compensada y planteó que la mejor opción sería mantenerla en la FNE, entidad a la que calificó como exitosa en la persecución de los carteles y la que requiere de tiempo para dar efectivo cumplimiento a la ley de 2016.
Al término de las intervenciones, la Comisión de Economía acordó votar el proyecto en general en la sesión de mañana, ocasión en que también se abordará y votará en su idea de legislar una propuesta que viene a suspender el cobro de cuotas de créditos de diverso tipo, en razón de la emergencia sanitaria, mientras dure el estado de excepción constitucional de catástrofe.
