La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara ratificó en general, por la unanimidad de once votos a favor, el mensaje que modifica la Ley 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, para ampliar el plazo de prescripción de dos años de la acción penal de este tipo de delitos, por un nuevo plazo de cinco años (boletín 13.301).
En la última jornada escucharon, vía telemática, al Fiscal Nacional, Jorge Abott; a la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera; y al director nacional del Servicio Electoral, Raúl García.
En términos generales, los personeros coincidieron con los fundamentos del mensaje, ingresado a trámite legislativo en marzo pasado, en orden a que el plazo de dos años resulta excesivamente acotado si se contrasta con la gravedad e importancia de los bienes jurídicos protegidos por dicho cuerpo normativo.
Además, porque nada justifica tener un tiempo de prescripción menor para ilícitos electorales, que el plazo general que el ordenamiento jurídico contempla para los simples delitos, consagrado en el artículo 94 del Código Penal, que es de cinco años.
El Fiscal Nacional también abordó la denominada titularidad de la acción que hoy día depende de una denuncia del Servel para que el Ministerio Público pueda llegar a investigar. En esta materia, Raúl García reiteró que, sin denuncia previa, no se puede indagar.
Por su parte, la directora de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía planteó que la idea recogida por la iniciativa legal forma parte de la agenda anti abusos del Ministerio Público. Asimismo, Marta Herrera recalcó que toda infracción al financiamiento electoral debe ser sancionada.
La Comisión de Gobierno Interior acordó votar en particular esta iniciativa la próxima semana.
