El subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, informó ante la Comisión de Constitución que el Gobierno pidió dejar sin efecto el convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), en materia de traspaso de información.
Dicho convenio fue duramente criticado por la Defensoría de la Niñez, Unicef y diversas organizaciones ligadas a la protección de los menores, por considerar que sus derechos eran vulnerados por el acuerdo, en relación a sus datos de carácter personal y sensible, además de criminalizar a quienes están bajo la protección del Estado.
Para abordar la polémica, la Comisión citó a los titulares de los Ministerio de Justicia y del Interior a que dieran cuenta ante la instancia de la naturaleza de este convenio. En su reemplazo asistieron el mencionado subsecretario Sebastián Valenzuela, por Justicia, y el subsecretario Juan Francisco Galli, por Interior.
Juan Francisco Galli defendió la legalidad del acuerdo, señalando que la ley que regula a la ANI le permite requerir, de cualquier organismo de la administración del Estado, información o antecedentes relevantes para el ejercicio de sus funciones.
Sostuvo que el convenio recogía particularmente que este quedaba limitado al cumplimiento de las normas del art. 20 y siguientes de la Ley 19.628, de protección a la vida privada.
El subsecretario de Justicia también defendió en similares términos la legalidad del acuerdo, no obstante, comunicó que el Gobierno decidió dejarlo sin efecto e iniciar un trabajo con el Sename para la elaboración de un protocolo que defina cuáles son los criterios para manejar todos los requerimientos de información que recibe el organismo, con soluciones permanentes sobre el uso de información crítica.
Defensoría de la Niñez
En la sesión, que se llevó a cabo a través del sistema telemático habilitado, también entregó su visión la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien calificó el acuerdo como “aberrante, vergonzoso, ilegal y arbitrario”.
Reforzó que el acuerdo mencionado estigmatiza y criminaliza a los menores bajo protección, aun más si se considera que una función de la ANI es prevenir acciones delictuales como el narcotráfico, el terrorismo o delitos que pongan en riesgo la seguridad del Estado.
Cuestionó, asimismo, los argumentos legales para defender el convenio, ya que este “afecta el principio de igualdad ante la ley, es una discriminación abierta al grupo más vulnerado, afecta la honra de menores (…) y viola el carácter constitucional de la protección de datos personales”.
Por su parte, la representante del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, se refirió a la necesidad urgente de avanzar en la modificación de la Ley de protección a la vida privada, especialmente en lo referido a datos sensibles de menores de edad.
Piden mayores antecedentes
Los integrantes de la Comisión de Constitución coincidieron en las críticas al acuerdo y manifestaron su beneplácito con su suspensión, ante las múltiples dudas sobre su legalidad.
Además, plantearon la necesidad de conocer si existen acuerdos de similar naturaleza firmados por la ANI con otros organismos. Al respecto, se acordó plantear a la Comisión especial de Control de Inteligencia de la Cámara de Diputados que pueda recabar esta información, ya que es la única facultada para fiscalizar el trabajo de la Agencia Nacional de Inteligencia.
Dicha comisión celebrará sesión este martes a las 15 horas.
